Alexander Díaz, conocido como alias Calarcá y líder del Estado Mayor de Bloques y Frentes (Embf) de las disidencias de las FARC, ordenó el asesinato de Juan Gabriel Hurtado Betancour, un excombatiente firmante de paz, a través de chats interceptados por las autoridades. Este crimen ocurrió el 6 de enero de 2024, mientras el grupo participaba en diálogos con el Gobierno nacional bajo un cese al fuego. Además, Calarcá coordinó el reclutamiento forzado de una niña de 14 años en Uribe, Meta, para incorporarla como guerrillera, según instrucciones reveladas en dispositivos decomisados durante un retén militar.
El excombatiente fue ejecutado supuestamente por hablar en contra de Calarcá, según los mensajes enviados a alias Chalá, presunto sicario. La situación escaló el 23 de julio de 2024, cuando una caravana con siete jefes de disidencias del Embf fue detenida en Anorí, Antioquia, mientras se movilizaban bajo custodia de la Unidad Nacional de Protección. Las autoridades intervinieron chats que expusieron estos hechos, los cuales fueron revelados por Noticias Caracol.
Órdenes directas en medio de procesos de paz
Los crímenes se perpetraron en paralelo a los diálogos con el Gobierno y el cese al fuego vigente, lo que generó controversia. La Fiscalía General de la Nación reabrió la investigación tras analizar las evidencias, incluyendo imágenes de la víctima que no han sido publicadas. Inicialmente, ordenó la liberación inmediata de los capturados en la caravana, considerándolos “gestores de paz”, pero los chats han cambiado el panorama.
«¿Y todavía me nombra a mí? Ese hp nunca lo he visto. ¿Y tiene más familia por ahí? (…) un tío, pero dice que no sabe por qué ese tipo está por acá (…) Maten a ese tipo. ¿No tiene mujer e hijo en la casa? (…) Mujer sí, pero hijos no. Pero no se dieron cuenta a qué hora nos lo trajimos (…) Jmmm, mátenlo y lo dejan por ahí, que lo recojan»
Alexander Díaz alias Calarcá, líder del Embf de disidencias FARC (a alias Chalá)
Este caso pone en jaque los procesos de paz en regiones como Antioquia y Meta, donde las disidencias continúan operando pese a los acuerdos. La Fiscalía avanza en las pesquisas para esclarecer el reclutamiento de la menor y el homicidio, mientras se cuestiona la protección otorgada a estos grupos en medio de diálogos fallidos.
