José Leonardo Muñoz Martínez, conocido como alias Douglas, ha solicitado nuevamente prisión domiciliaria ante el juzgado de ejecución de penas de Medellín debido a su delicado estado de salud, mientras se intensifica la polémica por los presuntos privilegios otorgados a cabecillas de bandas criminales en la cárcel de Itagüí. Hospitalizado bajo estricta custodia del Inpec desde el 21 de abril en un centro médico cuya ubicación se mantiene reservada por las autoridades penitenciarias, el recluso presenta un avanzado deterioro físico que incluye neumonía, fibrosis pulmonar, enfermedad coronaria, diabetes y un tratamiento con células madre por cáncer, según certificaciones médicas presentadas por su defensa junto con argumentos sobre los riesgos que representa su permanencia en la cárcel.
Condenado a 32 años de prisión por el secuestro de Margarita Socarrás en Barranquilla en 2008, Douglas cumple sentencia desde 2009, habiendo transcurrido ya más de tres quintas partes de su pena. Esta no es la primera vez que su equipo legal busca esta medida, ya que una solicitud similar fue negada en febrero. Reconocido como vocero en el proceso de paz urbana impulsado por el Gobierno de Gustavo Petro, el interno ha jugado un rol limitado en facilitar diálogos para el sometimiento a la justicia, aunque rechazó en un comunicado ser jefe de La Terraza u Oficina de Envigado. Su hospitalización lo ha alejado de las recientes conversaciones, pero permanece bajo vigilancia constante del Inpec.
Polémica por privilegios en Itagüí
El caso de alias Douglas se enmarca en un amplio debate sobre el manejo penitenciario en la cárcel de Itagüí, donde se denuncian flexibilizaciones como visitas los miércoles, ingreso de alimentos externos y hasta una fiesta con el cantante Nelson Velásquez, lo que ha generado críticas de figuras como la senadora Isabel Zuleta y el comisionado de paz Otty Patiño. Esta situación ha llevado a la suspensión temporal de la mesa de diálogo penitenciario, avivando cuestionamientos sobre los beneficios concedidos a líderes criminales en medio de procesos de paz urbana. Abogados, el Inpec y actores políticos se pronuncian ante la tensión entre humanización carcelaria y seguridad pública.
La solicitud de prisión domiciliaria de Douglas pone en el centro del debate el equilibrio entre derechos humanos de los internos y la percepción ciudadana de impunidad, en un contexto donde videos en redes sociales, como los compartidos por @tobonvillada y @FicoGutierrez en X, han visibilizado las irregularidades en Itagüí. Mientras el juzgado evalúa la petición, el caso ilustra las complejidades de la reinserción en entornos de alta conflictividad criminal.
