Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), desmintió categóricamente en una entrevista concedida a La FM que Juliana Guerrero, exfuncionaria del Ministerio del Interior, disponga de tres camionetas blindadas y nueve escoltas, al calificar esa información como una “exageración enorme”. Rodríguez justificó el esquema de seguridad asignado a Guerrero argumentando que responde a procedimientos técnicos y legales establecidos por comités especializados, tras los riesgos que ella misma reportó durante su período como funcionaria pública, y que actualmente se encuentra bajo revisión en un trámite ordinario propio de activistas.
El desmentido surge en el contexto de recientes denuncias formuladas por Angie Rodríguez, gerente del Fondo de Adaptación, quien cuestionó la supuesta desigualdad en la asignación de protecciones, especialmente porque Guerrero ya no ocupa un cargo público. Sin embargo, el director de la UNP enfatizó que no se divulgan detalles específicos sobre el número de vehículos o escoltas para evitar que personas con intereses delictivos aprovechen esa información en perjuicio de los beneficiarios.
Advertencia sobre la confidencialidad de los esquemas
Durante la entrevista, Rodríguez aclaró que el caso de Juliana Guerrero sigue en evaluación continua, pero rechazó de plano las cifras mencionadas, insistiendo en que el esquema real no alcanza esos niveles reportados. La UNP mantiene su política de reserva para salvaguardar la integridad de los protegidos, aplicando criterios estandarizados que no permiten exageraciones ni especulaciones públicas.
“exageración enorme”
Augusto Rodríguez, director de la UNP
“Si uno suministra esa información, personas interesadas en atentar contra la integridad de los protegidos podrían aprovecharla”
Augusto Rodríguez, director de la UNP
“no tiene tres carros blindados y no tiene nueve escoltas, eso no es cierto”
Augusto Rodríguez, director de la UNP
Con esta aclaración, la UNP busca disipar rumores y reafirmar que todas las decisiones de protección se rigen por protocolos rigurosos, independientemente del estatus actual de los solicitantes, priorizando siempre la seguridad en un país donde las amenazas a líderes y exfuncionarios persisten como realidad cotidiana.
