Angie Lizeth Rodríguez, directora del Fondo Adaptación y exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), se encuentra apartada de su cargo desde el pasado 18 de junio de 2025, acumulando 23 días de licencia médica que ya ha sido renovada en dos ocasiones. La funcionaria, de 34 años, atraviesa una severa crisis de salud mental que, según las denuncias que han trascendido, fue detonada por una combinación de acoso laboral, espionaje y un presunto intento de envenenamiento con sustancias extrañas que le habría suministrado un exasesor de confianza. La información fue revelada por la revista Cambio y ha puesto en alerta al presidente Gustavo Petro, a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, que ya están al tanto de la situación.
Rodríguez llegó al gabinete en febrero de 2025 con el respaldo del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y se convirtió rápidamente en una de las figuras más cercanas al presidente Petro. Sin embargo, ese mismo nivel de confianza la transformó en una pieza incómoda dentro del Ejecutivo, en medio de denuncias públicas por presuntos actos de corrupción en la Casa de Nariño y rencillas con el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo. El ambiente hostil escaló hasta el punto de que la funcionaria presentó una denuncia formal ante la Fiscalía por tentativa de homicidio contra el exasesor Miguel Ospino, quien, según su relato, le habría suministrado pastillas y golosinas de procedencia desconocida prometiéndole que eran vitaminas recomendadas por su hermano.
Los detalles de la crisis
En la acción de tutela que interpuso para buscar protección, Rodríguez relató que inició atención y seguimiento psiquiátrico especializado en noviembre de 2024 como consecuencia directa de las afectaciones emocionales y psicológicas que venía experimentando. Su diagnóstico médico, según los documentos conocidos, incluye trastorno depresivo mayor, trastorno de ansiedad generalizada, ansiedad severa, insomnio, dolor torácico, náuseas y llanto frecuente. La situación se agravó al punto de que el 30 de mayo pasado la funcionaria acudió a la Línea Púrpura de la Alcaldía de Bogotá para solicitar ayuda confidencial, un recurso destinado a víctimas de violencia de género.
«Durante el mes de noviembre de 2025 inicié atención y seguimiento psiquiátrico especializado como consecuencia de las afectaciones emocionales y psicológicas que venía experimentando en el contexto de los acontecimientos que para entonces enfrentaba»
Angie Lizeth Rodríguez, directora del Fondo Adaptación, en acción de tutela
La denuncia que presentó por tentativa de homicidio contra Miguel Ospino es especialmente grave. Rodríguez afirmó que, de manera recurrente y casi diaria, el exasesor le suministraba pastillas y golosinas de procedencia desconocida, asegurando que eran vitaminas recomendadas por su hermano. «Como consecuencia directa de la ingesta recurrente de esas sustancias, comencé a experimentar un grave desmejoramiento en mi salud», señaló en su denuncia formal. Este episodio se suma a un contexto de violencia digital, institucional y de género que habría sufrido durante su paso por el Gobierno.
«De manera recurrente y casi diaria, Ospino me suministró pastillas y golosinas de procedencia desconocida. Aseguraba que dichas pastillas eran vitaminas recomendadas por su hermano. Como consecuencia directa de la ingesta recurrente de esas sustancias, comencé a experimentar un grave desmejoramiento en mi salud»
Angie Lizeth Rodríguez, en denuncia formal por tentativa de homicidio
Además, la exdirectora del Dapre presentó una carta de renuncia formal al cargo, aunque en una misiva dirigida al secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Ocampo, aclaró que dicha decisión se produjo bajo una presión institucional y laboral determinante. En sus palabras: «Si bien presenté una renuncia formal al cargo, dicha decisión se produjo en un contexto de circunstancias institucionales y laborales que ejercieron una presión determinante sobre mi permanencia». El Fondo Adaptación cumple ya un mes sin una persona encargada, mientras la funcionaria continúa en tratamiento psiquiátrico y jurídico. Un juez, además, le negó una tutela con la que buscaba prorrogar su esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección, lo que agrava la incertidumbre sobre su futuro inmediato.
