La Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional adjudicó un contrato por más de 60.000 millones de pesos para la erradicación manual de cultivos ilícitos a la Unión Temporal EMF 2026, decisión que se tomó mediante resolución del 31 de agosto y que ya enfrenta una acción de tutela por parte de otros oferentes que cuestionan la transparencia del proceso. El brigadier general William Castaño Ramos, director de la institución, avaló la selección de esta unión temporal como único oferente habilitado, pese a que el proceso se había declarado desierto en dos ocasiones durante el primer semestre del año por presunto incumplimiento de requisitos.
La controversia tiene antecedentes relevantes. En junio pasado, el comité de adquisición de la Dirección Antinarcóticos recomendó declarar desierto el proceso porque la UT EMF 2026 no habría cumplido la totalidad de los requisitos habilitantes. Sin embargo, tras un recurso de reposición presentado por el representante legal de la unión temporal, Carlos Elián Ligarreto, la institución reconsideró su posición y determinó que la oferta sí cumplía con los aspectos jurídicos, técnicos, económicos y las condiciones adicionales de ponderación exigidas.
Cuestionamientos y acciones legales
La adjudicación no ha estado exenta de polémica. Otros oferentes que participaron en el proceso denunciaron presuntas maniobras dilatorias que vulnerarían los principios de buena fe y lealtad procesal, y advirtieron sobre la existencia de un supuesto expediente paralelo clandestino. Como consecuencia, se presentó una acción de tutela alegando violaciones a la igualdad, el debido proceso, la transparencia y la selección objetiva, además de solicitarse vigilancia preventiva a la Procuraduría General de la Nación.
La Unión Temporal EMF 2026 está conformada por cinco empresas: Transworld Solutions Logística Colombia SAS con una participación del 50 por ciento, TRT Ingeniería y Comercio SAS con el 18 por ciento, Suministros Institucionales Rodolfo Gómez con el 10 por ciento, Soluciones Logísticas La Fe SAS con el 5 por ciento e Industrias, Comercio y Servicios Integrales SAS con el 2 por ciento. Esta estructura empresarial ya solicitó a la Dirección Antinarcóticos autorización para iniciar actividades de planeación desde el 11 de septiembre, mientras el plazo de ejecución del contrato se extiende desde la aprobación de la garantía única hasta el 21 de diciembre de 2026.
«La UT seleccionada cumplió con los requisitos jurídicos, técnicos, económicos y condiciones adicionales de ponderación que exige el proceso de contratación pública.»
Policía Antinarcóticos
Este contrato representa un paso clave dentro de la política antidrogas del gobierno de Gustavo Petro, que busca retomar la erradicación manual de cultivos ilícitos a nivel nacional. Sin embargo, la controversia jurídica se suma a otro revés reciente para la estrategia gubernamental: un juez de Putumayo suspendió provisionalmente el proyecto piloto de aspersión aérea, lo que deja en evidencia las tensiones entre las decisiones administrativas y los controles judiciales en la lucha contra el narcotráfico. La resolución de la tutela y las investigaciones disciplinarias que puedan derivarse de las denuncias serán determinantes para la estabilidad de este contrato billonario y la credibilidad del proceso de contratación estatal.
