El Congreso de la República aprobó en cuarto debate el proyecto de ley que reconoce la bonificación judicial como factor salarial para los servidores públicos de la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación, la Justicia Penal Militar y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. La iniciativa, de autoría del senador Alejandro Carlos Chacón, beneficiará a más de 36.800 empleados y busca poner fin a un vacío legal que generó una avalancha de demandas contra el Estado. El proyecto, que ahora pasa a sanción presidencial, modifica el régimen salarial de estos funcionarios al incorporar la bonificación para todos los efectos legales y prestacionales, y no solo para la cotización a salud y pensión como ocurría hasta ahora.
La aprobación en la Cámara de Representantes, que constituye el último debate legislativo, representa un cambio histórico en la estructura salarial de la justicia colombiana. Con esta decisión, la bonificación judicial se integra plenamente al salario de los servidores, lo que implica que será tenida en cuenta para el cálculo de prestaciones sociales, vacaciones, cesantías y demás derechos laborales. La medida corrige una situación que, según expertos, generó inseguridad jurídica y desencadenó más de 15.600 procesos judiciales con pretensiones que superan los 750.000 millones de pesos, de los cuales 10.000 se encuentran actualmente en curso por el no reconocimiento de esta bonificación como factor salarial.
Respaldo institucional y sindical
La iniciativa contó con el respaldo de los principales sindicatos del sector, como Asonal Judicial, Asonal Judicial S.I., Unisercti y Sintrafiscalía, que durante años reclamaron la equiparación salarial de la bonificación. La presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Mary Lucero Novoa Moreno, celebró la aprobación y destacó que el proyecto constituye un importante paso hacia el fortalecimiento institucional de la Rama Judicial y el reconocimiento de la labor diaria de miles de servidores judiciales en todo el país. Novoa Moreno añadió que la ley brinda mayor seguridad jurídica, contribuye a la estabilidad laboral de los funcionarios y empleados, y refleja el compromiso del legislativo con una justicia digna, fortalecida y respaldada en el bienestar de quienes la hacen posible.
«Constituye un importante paso hacia el fortalecimiento institucional de la Rama Judicial y el reconocimiento de la labor diaria de miles de servidores judiciales en todo el país»
Mary Lucero Novoa Moreno, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura
El senador Alejandro Carlos Chacón, autor del proyecto, señaló que la ley avanza en el reconocimiento efectivo de derechos laborales y corrige una situación que ha generado inseguridad jurídica y elevados costos para el Estado. Una vez promulgada, la medida no solo mejorará las condiciones laborales de aproximadamente 37.000 servidores, sino que también generará un ahorro anual proyectado de 378.549 millones de pesos para el Estado, derivado de la disminución de las demandas y los costos de defensa jurídica. Con esta aprobación, el Congreso busca superar décadas de litigios y brindar estabilidad a quienes sostienen la administración de justicia en el país.
