Colombia se enfrenta a la posibilidad de un arancel del 12,5% sobre sus exportaciones hacia Estados Unidos, luego de que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) incluyera al país en un grupo de 54 naciones que, según Washington, carecen de mecanismos suficientes para prohibir la importación de bienes producidos con trabajo forzado. El informe, divulgado esta semana, forma parte de una nueva estrategia de la administración del presidente Donald Trump para sostener su política arancelaria mediante la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, luego de que sus intentos previos fueran bloqueados por la justicia estadounidense. La medida no es inmediata: el proceso contempla una fase de consulta pública, comentarios de empresas y audiencias antes de aplicar cualquier arancel definitivo, lo que podría tomar varios meses.
El análisis del USTR examinó a 60 economías que representan el 99,4% de las importaciones estadounidenses y concluyó que todas incurren en prácticas consideradas «irrazonables» bajo la legislación comercial de Estados Unidos. Sin embargo, las separó en dos grupos: un primer conjunto de 54 países, incluido Colombia, enfrentaría un arancel del 12,5% por no haber establecido ni hecho cumplir una prohibición efectiva contra la importación de bienes elaborados con trabajo forzado. El segundo grupo, conformado por naciones con mecanismos más estrictos, recibiría un gravamen menor del 10%. La administración Trump sostiene que esta situación genera ventajas competitivas desleales para las empresas estadounidenses.
Antecedentes judiciales y cambio de estrategia
El nuevo informe del USTR representa un giro en la estrategia arancelaria de la Casa Blanca. Inicialmente, Trump había recurrido a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) para imponer aranceles, pero en febrero la Corte Suprema de Estados Unidos concluyó que el presidente había excedido sus facultades. Luego implementó un arancel temporal universal del 10%, pero el Tribunal de Comercio Internacional determinó que no cumplía con los requisitos legales, y la Casa Blanca apeló. Ante ese bloqueo judicial, la administración optó por activar la Sección 301, una herramienta comercial que ha sido utilizada históricamente para responder a prácticas consideradas desleales o discriminatorias.
Países latinoamericanos en la mira
Entre los 54 países del grupo que enfrentarían el arancel del 12,5% se encuentran varias naciones de América Latina. Además de Colombia, figuran Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú, Uruguay y Venezuela. También están incluidas potencias comerciales como China, India, Japón, Corea del Sur, Reino Unido, Suiza y Noruega. La amplitud de la lista refleja que la investigación no se limita a un bloque geográfico, sino que abarca a los principales socios comerciales de Estados Unidos.
Para Colombia, la medida podría traducirse en un encarecimiento de sus exportaciones hacia el mercado estadounidense, uno de sus principales destinos. Sectores como flores, café, textiles y productos agrícolas serían los más afectados si el arancel se concreta. Sin embargo, el proceso aún se encuentra en etapa temprana y dependerá de las consultas públicas y audiencias programadas. El gobierno colombiano, a través de sus representantes comerciales, podría presentar argumentos para evitar la sanción o reducir su impacto. Mientras tanto, la incertidumbre sobre el comercio bilateral sigue creciendo ante una administración estadounidense que insiste en endurecer sus condiciones de intercambio.
