La exrepresentante a la Cámara Gloria Arizabaleta, excongresista del Pacto Histórico y quien fungió como presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, calificó como un “montaje” orquestado por el Gobierno de Gustavo Petro y la Procuraduría General de la Nación la suspensión de su cargo. Esta decisión, que la apartó de sus funciones hasta el 20 de julio de 2026, se produjo después de que ella misma ordenara la suspensión temporal del presidente Petro en junio de ese mismo año. En una entrevista concedida a la revista Semana, Arizabaleta defendió su actuación y reveló que ha contactado a autoridades estadounidenses para investigar una presunta financiación ilegal de la campaña presidencial de Petro en 2022.
Según Arizabaleta, la Procuraduría, encabezada por Gregorio Eljach, no tenía competencia para suspenderla, argumentando que su rol como instructora en la Comisión de Acusación la sitúa dentro de la Rama Judicial. “La suspensión de un congresista solo puede darse por la Comisión de Ética de la Cámara o, en su defecto, por la Comisión de Disciplina Judicial”, afirmó la exrepresentante, quien agregó que la medida fue un acto para apartarla del cargo y evitar que su investigación contra el presidente prosperara, permitiendo al Gobierno “emitir sus juicios de valor amañados”. La suspensión de Arizabaleta fue dictada por la Procuraduría, mientras que la Corte Suprema de Justicia le abrió una investigación por el delito de prevaricato por acción.
La defensa de su decisión y las acusaciones a Roy Barreras
La excongresista defendió la legalidad de la suspensión temporal del presidente Petro, basándola en el artículo 217 del Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019) por una conducta reiterada que, según ella, se evidenció en 22 trinos publicados por el mandatario en un lapso de 12 horas. “Sí podía (suspender a Petro), el artículo 217 dice: ‘Se puede tomar una medida cautelar si la actividad persiste’. En este caso, hasta el día de hoy, el señor presidente sigue haciendo política. Sigue desconociendo los resultados electorales”, explicó.
En medio de la polémica, Arizabaleta se refirió a su expareja y exsenador Roy Barreras, a quien acusó de haber llamado al presidente Petro después de la suspensión para atribuir la responsabilidad de la decisión a su abogado Hollman Ibáñez. “Lo único que hizo fue azuzar en Presidencia diciendo mentiras. Como durante toda nuestra convivencia lo hizo conmigo. Con el señor Barreras no tengo ninguna clase de comunicación desde hace mucho tiempo”, aseveró. Sobre las reacciones a su decisión, la exrepresentante confesó: “El mundo se me vino encima. Los de izquierda dijeron que le había hecho un favor a la derecha. Y los de la derecha afirmaron que le hice un favor a la izquierda. Yo, insisto, solo cumplí la ley”.
Investigación en Estados Unidos y la “mano” del narcotráfico
La investigación contra el presidente Petro se inició en junio de 2025 a partir de una comunicación de la senadora María Fernanda Cabal, basada en señalamientos del exjefe militar del Cartel de Medellín, Hugo Carvajal, conocido como “Pollo Carvajal”. Arizabaleta detalló que contactó a funcionarios del Departamento de Estado, Departamento de Justicia y cuerpos de seguridad de Estados Unidos para obtener información sobre una presunta financiación de campaña con fuente prohibida, que no se limitaría a la violación de topes electorales sino que podría estar vinculada al narcotráfico.
La excongresista, quien se apartó del Pacto Histórico al comenzar a investigar a Petro, reveló que el abogado de alias “Pipe Tuluá” la contactó en enero de 2026 para extender denuncias sobre la presunta financiación ilegal. Sin embargo, afirmó que la Dijín y el CTI no actuaron en el caso por su dependencia del presidente. “EE. UU. veía a la Comisión de Acusación como si fuera parte del Congreso, no como un actor judicial. Eso es gravísimo, porque la Comisión es el máximo ente judicial”, explicó. Arizabaleta ofició formalmente a la Embajada de Estados Unidos en Colombia para solicitar declaraciones de Hugo Carvajal, alias “Otoniel”, Carlos Eduardo Restrepo y alias “Pipe Tuluá”, pero al momento de su suspensión no había recibido respuesta, dejando en el aire una investigación que, según ella, podría esclarecer los vínculos del presidente con dineros ilícitos.
