Luis Correa Galeano, testigo clave en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, fue asesinado el 3 de enero de 2026 en la cárcel La Picota de Bogotá, en un hecho que involucra al menos cinco funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Correa, quien participó en la logística del crimen contra Pecci perpetrado el 10 de mayo de 2022 en Colombia, había entregado información sensible sobre líderes del narcotráfico paraguayo como Miguel Ángel Insfrán Galeano y Sebastián Marset. El homicidio se presentó como una presunta riña, pero las autoridades investigan el ingreso de armas a través de una red de corrupción que incluye al menos siete funcionarios del Inpec y sus familiares, con el aparente objetivo de silenciarlo por poseer una libreta con nombres de procesados por tráfico de drogas y lavado de activos en Paraguay.
Han transcurrido cuatro años desde el asesinato de Pecci sin identificar a los autores intelectuales, pese a que los ejecutores materiales fueron capturados y condenados. Correa había firmado un acuerdo de colaboración con la Fiscalía colombiana para reducir su condena a cambio de detalles sobre ese crimen transnacional, expuestos en un informe de InSight Crime que revela su alcance. La red corrupta en La Picota permitió el ingreso de las armas usadas en el ataque, y el confeso asesino de Correa afirmó no conocer los crímenes previos de la víctima, mientras se manejan hipótesis de tácticas similares a las de la mafia italiana para eliminar testigos inconvenientes.
Indignación por la falta de protección
La muerte de Correa Galeano ha desatado cuestionamientos sobre la seguridad en las cárceles colombianas, con una investigación en curso liderada por el director del Inpec para esclarecer la participación de los funcionarios implicados.
“Habíamos advertido a las autoridades sobre el peligro que corría esta persona y no se tomó ninguna precaución. Por el contrario, de estar en el búnker de la Fiscalía, pasó a una penitenciaría común donde lo asesinaron”
Francisco Bernate, abogado defensor del asesinado
Este caso reaviva el debate sobre la vulnerabilidad de testigos en prisiones comunes y subraya la persistencia de redes criminales transnacionales que operan incluso tras las rejas, dejando en evidencia las fallas en el sistema penitenciario colombiano ante amenazas de alto calibre.
