La Alcaldía Mayor de Bogotá expidió el Decreto 117 de 2026 con el objetivo de organizar, recuperar y proteger el espacio público en la capital, estableciendo restricciones específicas para el uso de calles, andenes y zonas peatonales, al tiempo que ofrece alternativas laborales para los vendedores informales. Esta medida, impulsada por la Secretaría Distrital de Gobierno bajo la dirección de Gustavo Quintero Ardila, busca equilibrar el derecho al trabajo informal con la garantía de seguridad, movilidad, salubridad y convivencia ciudadana en la ciudad.
El decreto identifica zonas reguladas y restringidas, impone prohibiciones claras como la ocupación sin autorización, el uso de gas GLP o sustancias inflamables, el bloqueo de vías, hidrantes o accesos al SITP, la venta de artículos ilícitos, el trabajo infantil y el incumplimiento de normas sanitarias en actividades como la preparación de alimentos, peluquería o tatuajes. Además, garantiza el debido proceso para los afectados y promueve alternativas de reubicación y reconversión laboral a través de los programas del Ipes, beneficiando directamente a peatones, personas con discapacidad y comerciantes formales, mientras distingue entre vendedores legítimos e estructuras ilegales.
Medidas específicas y beneficios para la ciudadanía
Entre las disposiciones clave destaca la exigencia de un radio libre de 1,5 metros alrededor de los hidrantes para facilitar accesos de emergencia, contribuyendo a la recuperación de andenes, la mejora de la movilidad y la reducción de riesgos. La implementación recae en entidades como la Secretaría de Gobierno, la Dadep, el Ipes, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Desarrollo Económico y las alcaldías locales, permitiendo transitar libremente, acceder a servicios esenciales y disfrutar de espacios limpios y seguros sin desconocer la importancia del trabajo informal.
“El espacio público es de todas las personas. Queremos una ciudad organizada, segura y con oportunidades reales para quienes viven del trabajo informal”
Gustavo Quintero Ardila, secretario de Gobierno
Esta nueva norma representa un avance en la gestión urbana de Bogotá, al priorizar la convivencia ciudadana y ofrecer vías concretas de formalización para los vendedores informales, lo que promete transformar el día a día en las calles bogotanas con mayor orden y equidad para todos los actores involucrados.
