Atacan tres peajes en Huila y Meta con explosivos; no hay heridos

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En la madrugada del domingo 15 de noviembre, el departamento del Huila fue escenario de dos ataques simultáneos contra su infraestructura vial que, sumados a un tercer incidente en el Meta, encendieron las alarmas de las autoridades por una posible acción coordinada de grupos armados. Cerca de la 1:00 de la mañana, un vehículo fue abandonado sospechosamente en el carril siete del peaje Los Cauchos, sobre la vía Neiva-Campoalegre, lo que obligó a la suspensión inmediata de operaciones por riesgo de un posible explosivo. Apenas veinte minutos antes, a las 12:40 a.m., una potente explosión sacudió el peaje ubicado en el kilómetro 2 de la vía Neiva-Aipe, corredor hacia Bogotá, donde una moto bomba activada por dos desconocidos que huyeron del lugar causó graves daños materiales en las casetas de cobro y la infraestructura circundante, aunque sin dejar víctimas fatales ni heridos, según el reporte oficial. En la misma franja horaria, el peaje Pipiral, situado a 15 kilómetros de Villavicencio en el Meta, también sufrió una detonación que, pese a no registrar lesionados, ocasionó afectaciones en taquillas y vidrios de viviendas cercanas.

La concesionaria Ruta al Sur, responsable de la operación en Los Cauchos, tomó la decisión preventiva de suspender el servicio no solo en este punto, sino también en los peajes Laberinto, en el municipio de Gigante, y Altamira, al sur del Huila. El vehículo abandonado en Los Cauchos fue inspeccionado por unidades antiexplosivos de la Policía Nacional y el Ejército, sin que se reportara una detonación posterior, lo que permitió descartar una amenaza inminente tras la verificación. En cuanto al ataque con moto bomba en el peaje de la vía Neiva-Aipe, las autoridades confirmaron que este punto no pertenece a la concesión de Ruta al Sur, sino que hace parte del corredor vial Neiva-Aipe-Castilla-Espinal-Girardot, bajo contrato con la Agencia Nacional de Infraestructura.

Impacto vial y medidas de seguridad

La oleada de ataques generó un caos inmediato en la movilidad del departamento. El Instituto de Transportes y Tránsito del Huila ordenó una restricción total del tránsito en ambos sentidos entre Neiva y Campoalegre, así como el cierre temporal de la carretera Neiva-Bogotá por «motivos de seguridad». Para mitigar la afectación, se habilitaron rutas alternas como los corredores Neiva-Rivera-Riverita y Neiva-El Juncal-Betania-Hobo. La concesionaria Coviandina, encargada del peaje Pipiral en el Meta, informó a través de un comunicado que «no hubo trabajadores ni usuarios lesionados» tras la explosión, aunque los daños obligaron a suspender el cobro de manera temporal mientras se evalúa la infraestructura.

Estos hechos se enmarcan en una escalada de violencia que azota al Huila desde octubre. Los antecedentes inmediatos revelan un patrón preocupante: el 31 de octubre un atentado con explosivos en Algeciras dejó un policía muerto y seis heridos; el 2 de octubre un ataque con drones en Aipecito cobró la vida de un soldado; y las estaciones de Policía en Aipe, Palermo —con dos heridos— y Teruel fueron blanco de artefactos explosivos lanzados desde drones. A esto se suman los incendios de dos buses de la empresa Coomotor, ocurridos el 29 de septiembre y el 11 de octubre, y la quema de un camión en Campoalegre el 14 de octubre. El peaje Pipiral, por su parte, ya había sido atacado en dos ocasiones durante diciembre de 2023, lo que evidencia una reiteración en la selección de objetivos viales.

La simultaneidad de los ataques de esta madrugada sugiere una planificación y coordinación que, según las autoridades, podría ser obra de grupos armados que operan en la región. Tras el atentado en Algeciras, el presidente De La Espriella ordenó reforzar la presencia militar en el departamento, una medida que hasta ahora no ha logrado contener la violencia. Los peajes, las estaciones de policía y el transporte de carga se han convertido en blancos frecuentes de una ofensiva que mantiene en vilo a los habitantes del Huila y pone a prueba la capacidad de respuesta del Estado.

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