La Defensoría del Pueblo emitió un contundente pronunciamiento al afirmar que el ataque con drones cargados de explosivos contra un radar de vigilancia aérea de la Aeronáutica Civil, ocurrido el pasado miércoles 16 de septiembre en el corregimiento El Carmelo, en Candelaria, Valle del Cauca, constituye una violación directa al Derecho Internacional Humanitario. Según el organismo estatal, este hecho representa un ataque contra un bien civil protegido, lo que infringe los principios fundamentales que rigen los conflictos armados.
El radar atacado, que es un equipo indispensable para garantizar la seguridad y continuidad de las operaciones aéreas en la región, fue el blanco de grupos armados ilegales que utilizaron drones cargados con explosivos. La Defensoría subrayó que esta infraestructura no es un objetivo militar, sino un bien civil que debe ser respetado y protegido. La afectación de este tipo de instalaciones no solo pone en riesgo la navegación aérea, sino que también puede comprometer servicios esenciales como vuelos médicos y el traslado de pacientes, que dependen de la correcta operación de estos sistemas.
Principio de distinción vulnerado
En su comunicado oficial, la Defensoría del Pueblo fue enfática al señalar que esta acción infringe el principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario, el cual exige que las partes en conflicto diferencien claramente entre objetivos militares y bienes civiles. «Las partes en conflicto deben adoptar todas las precauciones posibles para evitar o reducir los daños a la población y a los bienes protegidos», afirmó el organismo en su declaración textual, haciendo un llamado a que se respeten las normas internacionales. Esta situación se suma a una preocupante tendencia regional: entre enero y mayo de 2026, se registró un aumento del 146% en ataques con drones en el país, dejando un saldo de 21 personas fallecidas y 145 heridas a causa de estos artefactos.
La Defensoría no se limitó a la denuncia, sino que también hizo un llamado directo a las autoridades competentes, incluyendo a la Fiscalía General de la Nación y a la Aeronáutica Civil, para que se realice una investigación exhaustiva que permita determinar las responsabilidades penales correspondientes. Asimismo, el organismo instó a los grupos armados ilegales a cesar este tipo de acciones y a respetar tanto a la población civil como los bienes públicos que son vitales para el funcionamiento del Estado. La entidad pidió además que se adopten las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la continuidad de las operaciones aéreas que se han visto afectadas por este ataque, ocurrido en una zona rural cercana a Cali.
«Esta acción infringe el principio de distinción del DIH, pues las partes en conflicto deben adoptar todas las precauciones posibles para evitar o reducir los daños a la población y a los bienes protegidos»
Defensoría del Pueblo, Comunicado oficial
El pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, difundido inicialmente por Blu Radio, busca poner un alto a la escalada de violencia que involucra el uso de tecnología no tripulada por parte de grupos ilegales, un fenómeno que representa un riesgo creciente para los derechos humanos y la estabilidad del orden público en la región. La comunidad internacional observa con atención estos hechos, mientras que las autoridades locales se enfrentan al desafío de proteger infraestructuras críticas en medio del conflicto armado que persiste en el país.
