La comunidad indígena del resguardo Chimborazo, en el municipio de Morales, Cauca, denunció haber sido víctima de un ataque con explosivos lanzados desde drones contra su territorio, ocurrido el pasado 23 de septiembre. El hecho se produjo apenas horas después de que se completara la entrega humanitaria de cinco civiles que permanecían retenidos por disidencias de las Farc, en un acto que contó con la mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). La comunidad nasa, agrupada en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), calificó el ataque como una grave violación a su condición de espacio humanitario y repudió que su territorio sea utilizado como escenario de confrontación armada entre los grupos que disputan el control de la zona.
Según el relato de las autoridades tradicionales del resguardo, pasadas las 11:30 de la mañana de ese lunes, varios vehículos con hombres armados llegaron al sector de La Liberia para concretar la entrega de los cinco liberados, cuatro de ellos provenientes del corregimiento Ortega, en Cajibío, y un comunero del mismo resguardo, quienes habían permanecido aproximadamente tres meses en cautiverio. El procedimiento se realizó bajo los estrictos protocolos establecidos con delegados del CICR y representantes de Derechos Humanos del CRIC. Sin embargo, la tranquilidad del operativo se rompió horas después: a las 2:52 de la tarde, explosivos fueron lanzados de forma indiscriminada desde aeronaves no tripuladas, impactando contra infraestructuras comunitarias y generando pánico entre la población. Se reportó que niñas y niños que en ese momento salían de sus clases resultaron afectados por la onda expansiva, aunque las autoridades no precisaron la cifra de heridos.
Comunidad rechaza ser usada como campo de batalla
La autoridad tradicional del Resguardo de Chimborazo emitió un comunicado en el que reafirmó su carácter de territorio de paz. “Desde nuestro territorio ancestral, reafirmamos que Chimborazo es espacio humanitario, territorio de vida, armonía y permanencia de nuestro pueblo”, señaló el texto, en el que se exige el cese de las hostilidades y se rechaza que la comunidad civil sea sometida a este tipo de acciones bélicas. La región donde se ubica el resguardo es un punto crítico del conflicto armado, donde confluyen el Estado Mayor Central (EMC), bajo el mando de alias Iván Mordisco, facciones del ELN y grupos narcotraficantes que disputan el control territorial y las rentas ilícitas, en medio de persistentes confrontaciones con las Fuerzas Militares.
De manera paralela, el mismo 23 de septiembre se conoció el asesinato del teniente Álvaro José Medina Peña, subcomandante de la estación de Policía de Bolívar, Cauca, quien fue atacado cuando viajaba en un bus intermunicipal hacia la población de El Bordo. El director de la Policía Nacional, general Jesús Alejandro Barrera, lamentó el hecho y aseguró que “duele despedir a un policía que, con valentía y vocación de servicio, salió a cumplir la misión que había asumido con Colombia”. Las autoridades atribuyeron el crimen a los mismos grupos que disputan el control en esa zona del departamento.
