El pasado 7 de noviembre, un ataque con aeronaves no tripuladas acondicionadas con dispositivos explosivos contra el Cantón Militar del Ejército Nacional en Santa Rosa del Sur, departamento de Bolívar, dejó tres militares muertos y 16 heridos de gravedad. El hecho ocurrió mientras las autoridades realizaban un consejo de seguridad en la alcaldía, un día después del asesinato de tres personas en la misma zona. La Defensoría del Pueblo advirtió que estos hechos no son aislados y que la situación humanitaria en el sur de Bolívar se agrava por la disputa territorial entre grupos armados.
Según el comunicado de la entidad, el sur de Bolívar está afectado por la lucha que sostienen el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc comandadas por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, por el control territorial, las rentas de la minería ilegal y los corredores estratégicos. Esa confrontación ha puesto a la población civil en el centro del conflicto, con confinamientos, desplazamientos y ataques directos contra la fuerza pública y la infraestructura estatal.
Una emergencia humanitaria que no cede
La Defensoría del Pueblo registró entre mayo y septiembre de 2026 un total de 22 emergencias humanitarias por confinamientos y desplazamientos forzados en el sur de Bolívar, que afectaron a 11.135 personas pertenecientes a 4.939 familias. A eso se suman ataques previos con drones explosivos contra estaciones de Policía en la región: en Arenal ocurrieron dos atentados, el 29 de marzo y el 11 de julio de 2026, mientras que en Norosí el 19 de agosto de 2026 un ataque combinado con drones y ráfagas de fusil dejó ocho policías heridos. Estas acciones, sumadas a las minas antipersonal, las restricciones a la movilidad y al abastecimiento de alimentos y medicamentos, han generado una grave afectación a niños, niñas y adolescentes por la interrupción de sus actividades educativas.
Alertas desatendidas
El municipio de Santa Rosa del Sur está incluido en la Alerta Temprana 034 de 2023, cuyo último seguimiento se emitió en agosto de 2026. A pesar de que los riesgos se mantuvieron y se agravaron, no se convocó la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat). La Defensoría del Pueblo insistió en que la gravedad de la situación exige una acción coordinada de las autoridades nacionales y locales.
«La gravedad de los hechos exige que las alertas y recomendaciones defensoriales se traduzcan en medidas efectivas y oportunas de prevención y protección»
Defensoría del Pueblo
En ese sentido, el organismo pidió al Ministerio del Interior convocar con urgencia la Ciprat, y a las autoridades locales y nacionales proteger a la población y activar las rutas de atención humanitaria. También solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar los homicidios y ataques ocurridos en la zona, y a la Alcaldía de Santa Rosa del Sur, la Gobernación de Bolívar y la Unidad para las Víctimas verificar posibles desplazamientos y asistir a las familias afectadas, en un escenario donde la violencia armada sigue cobrando vidas y ampliando la crisis humanitaria en el sur de Bolívar.
