La justicia colombiana fijó para el 23 de junio de 2026, a las 9:00 de la mañana, la audiencia de formulación e imputación de cargos contra los profesores Emely Fuentes y Danny Javier Ochoa, docentes del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe de Cajicá (Cundinamarca), por el presunto homicidio culposo de la niña Valeria Afanador, de 10 años. La audiencia se realizará de manera virtual desde el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Cajicá, a cargo del juez César Augusto Tiuso Rojas, y en ella la Fiscalía presentará los elementos que sustentan la atribución de omisión en el deber de vigilancia y cuidado de la menor, quien estaba bajo la custodia directa de los docentes al momento de su desaparición.
Los hechos se remontan al 12 de agosto de 2025, cuando Valeria fue vista por última vez en el colegio durante un receso escolar. La institución activó los protocolos de búsqueda cerca del mediodía y contactó a la madre de la niña a las 12:50 p.m. Días después, el cuerpo de la menor fue hallado en el río Frío, un afluente cercano al plantel. La necropsia practicada por Medicina Legal determinó que la causa de muerte fue ahogamiento, con ingestión de agua y residuos de pantano, pero sin señales de violencia ni abuso sexual. Más de 200 integrantes de organismos de emergencia, entre Policía, CTI y Bomberos, participaron en las labores de búsqueda que movilizaron a toda la comunidad de Cajicá.
La imputación y la millonaria pretensión de la familia
La Fiscalía atribuye a los profesores Fuentes y Ochoa una posible falla en los mecanismos de supervisión durante la jornada escolar, que habría facilitado la salida de la menor del plantel y su posterior deceso. La defensa del colegio, representada por el abogado Francisco Bernate, ha señalado que la institución cumplía con los protocolos de seguridad verificados por las autoridades y que la rectora no tenía bajo su responsabilidad directa la vigilancia de los alumnos durante los espacios de recreación, labor delegada en personal competente. Sin embargo, el proceso penal se concentra en determinar si existió omisión por parte de los docentes que estaban a cargo de Valeria en el momento de su desaparición. En una audiencia de conciliación previa, promovida por la familia de la menor, se conoció que las pretensiones económicas ascienden a 11 mil millones de pesos, una cifra que, según el abogado del colegio, resulta inasumible.
«Nosotros hace 15 días tuvimos una audiencia de conciliación con la familia de Valeria y las pretensiones de la familia son de 11 mil millones de pesos, entonces, pues es una situación, pues que no hay cómo responder, no hay cómo», declaró Francisco Bernate, abogado del colegio.
Francisco Bernate, abogado del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe
En el auto que señala la fecha de la audiencia, el juez César Augusto Tiuso Rojas ordenó: «SEÑALAR, la hora 09:00 A.M. del veintitrés (23) de junio de dos mil veintiséis (2026), para llevar a cabo audiencia de FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN dentro del proceso de la referencia». Además del proceso penal por homicidio culposo, la Fiscalía también investiga posibles delitos ambientales relacionados con la ubicación del colegio en una zona protegida, un aspecto que podría sumar responsabilidades adicionales. La familia de Valeria ha cuestionado que la rectora del plantel no sea imputada en esta etapa, aunque la defensa del colegio insiste en que la responsabilidad operativa recaía en los docentes de turno. La comunidad educativa y los habitantes de Cajicá esperan que la audiencia del 23 de junio de 2026 arroje luz sobre las circunstancias que llevaron a la tragedia y permita esclarecer las fallas de vigilancia que, según la Fiscalía, derivaron en la muerte de la menor.
