En una audiencia judicial virtual de más de dos horas, celebrada recientemente desde una zona selvática, la Fiscalía General de la Nación presentó pruebas contundentes contra los cabecillas del Frente 33 de las disidencias de las Farc, entre ellos Farby Edison Parra Parra, conocido como alias Richard, el cabecilla financiero, así como alias Jhon Mechas y alias Andrey. Durante esta inédita sesión, se reveló que esta estructura criminal cometió 37 homicidios selectivos, 34 desplazamientos forzados y 31 reclutamientos forzados de menores en la región del Catatumbo, específicamente en municipios como Tibú, El Zulia, Teorama, Convención, San Calixto, Hacarí, La Gabarra, Guamalito y Ocaña. Estos crímenes ocurrieron entre enero y abril de 2025, en el marco de una feroz disputa territorial con el ELN, que inició el 4 de enero con una incursión de esta guerrilla en El Zulia.
Los métodos empleados por el Frente 33 fueron particularmente sofisticados y brutales: contrataron sicarios en Medellín para ejecutar asesinatos selectivos y utilizaron drones armados con explosivos para ataques precisos. Entre las víctimas fatales destacaron José Agustín Sánchez González, abatido el 14 de febrero, y Luis Ernesto Mendoza, asesinado el 26 de marzo. Otros casos documentados incluyen el de Pedro María Ropero, un líder comunal que fue ejecutado a sangre fría tras ser obligado a arrodillarse; Emérita Buenhaber Serrano, una comerciante en La Gabarra; y el secuestro seguido de la ejecución de tres hombres, cuyos videos fueron difundidos como advertencia. Además, los 31 menores reclutados recibieron entrenamiento en el manejo de armas largas y cortas, aunque posteriormente fueron recuperados por la fuerza pública y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Escalada de violencia y cifras alarmantes
La confrontación entre el Frente 33 y el ELN ha generado un saldo devastador, con la Defensoría del Pueblo reportando 117 víctimas mortales, 64.783 personas desplazadas y 16.615 confinadas entre el 16 de enero y el 28 de abril de 2025. Ante esta crisis humanitaria, el Gobierno nacional decretó conmoción interior en la zona para enfrentar la escalada de violencia. Durante la audiencia virtual, los cabecillas negaron los cargos imputados y se desconectaron abruptamente tras intervenir, dejando un expediente judicial que detalla exhaustivamente estas atrocidades.
Esta revelación judicial no solo expone la magnitud del control territorial que ejerce el Frente 33 en el Catatumbo, sino que subraya la necesidad urgente de fortalecer las acciones del Estado para desmantelar estas estructuras criminales y proteger a las comunidades afectadas, según los expedientes de la Fiscalía General de la Nación y las cifras oficiales de la Defensoría del Pueblo.
