Un bombardeo de las Fuerzas Militares colombianas en la zona rural de Nuquí, en el departamento del Chocó, dejó nueve personas muertas, entre ellas cuatro menores de edad. El hecho, ocurrido el 12 de junio, fue denunciado por el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) como una presunta violación del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Mientras el grupo guerrillero sostiene que se trató de un ataque indiscriminado contra civiles, las autoridades castrenses aseguran que la operación iba dirigida contra la subestructura Jhon Fredy Orjuela del Clan del Golfo.
Según el reporte oficial de las Fuerzas Militares, en el operativo conjunto participaron tropas del Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional. El general Hugo Alejandro López Barreto, comandante general de las Fuerzas Militares, lideró la acción, que además de las bajas mortales permitió la incautación de armas largas, material de comunicaciones, munición y elementos de intendencia. Sin embargo, el comunicado oficial no mencionó inicialmente la presencia de menores entre los fallecidos. Fue el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, tras recibir los cuerpos en su sede de Quibdó para las necropsias, quien confirmó que cuatro de las víctimas eran niños, todos de sexo masculino.
El bombardeo ocurre en el marco del conflicto armado colombiano, en una región del Pacífico chocoano donde confluyen diversos grupos ilegales. Esta es la segunda operación de gran magnitud contra la misma subestructura del Clan del Golfo en las últimas semanas: la primera se realizó el pasado 31 de mayo, en límites entre Chocó y Valle del Cauca, en plena jornada de primera vuelta presidencial. El EGC, por su parte, denunció que los menores se encontraban visitando a familiares en la zona y que no tenían ningún vínculo con el conflicto.
Denuncia del Ejército Gaitanista de Colombia
A través de un comunicado de su Estado Mayor Conjunto, el EGC señaló que el ataque constituye una violación a los principios de distinción, proporcionalidad y precaución establecidos en el DIH. “El daño a civiles es absolutamente excesivo, sin que de ese daño derive una ventaja militar en contra del EGC”, afirmó la organización en el texto difundido días después del bombardeo. La guerrilla responsabilizó directamente al general López Barreto y a las Fuerzas Militares colombianas por lo que califican como una masacre.
«El daño a civiles es absolutamente excesivo, sin que de ese daño derive una ventaja militar en contra del EGC»
Estado Mayor Conjunto del Ejército Gaitanista de Colombia
Mientras la controversia crece, Medicina Legal continúa con los procesos de identificación y necropsia de los cuerpos, que fueron trasladados desde la zona rural de Nuquí hasta la capital del Chocó. Las Fuerzas Militares insisten en que la operación se ajustó a los protocolos establecidos y que estaba plenamente justificada como un golpe contra una estructura criminal que delinque en la región. Por su parte, organizaciones humanitarias y defensores de derechos humanos han pedido una investigación independiente que esclarezca las circunstancias del bombardeo y determine si hubo excesos contra la población civil.
