El Cable Aéreo Potosí, el ambicioso proyecto de transporte que prometía conectar los sectores altos de Ciudad Bolívar con Soacha, acumula un retraso crítico: al 13 de agosto de 2026 su avance constructivo es de 0%. La obra, contratada en febrero de 2024 por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) bajo la administración de Claudia López y actualmente gestionada por el alcalde Carlos Fernando Galán, se encuentra suspendida hasta el 30 de septiembre de 2026 debido al incumplimiento de condiciones prediales y contractuales. El contrato IDU-1752-2023, que adjudicó el diseño, construcción y mantenimiento de una línea de 3,3 kilómetros con cuatro estaciones y capacidad para 4.000 pasajeros por hora por sentido, no ha logrado superar la fase de estudios y diseños, cuyo avance es del 98,03%, mientras que la etapa de obra ni siquiera ha comenzado.
La suspensión, que se ha prolongado desde el 29 de diciembre de 2025 con sucesivas ampliaciones, tiene su origen en la falta de disponibilidad jurídica y física de los predios necesarios para la construcción. De los 405 predios requeridos —incluidos los denominados Rupis—, apenas 163 han sido recibidos, mientras que 242 permanecen en proceso de gestión. La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo), encargada de adquirir 166 predios para los nodos del proyecto, reporta un avance global del 22,28%, con cifras especialmente bajas en los frentes de obra: en el Frente 4 apenas se ha logrado el 6,03% de los predios disponibles y un 29% del área, mientras que el Frente 2 alcanza un 16,67% de predios y un 46% del área. El Frente 3 registra un 28,57% de predios disponibles y un 47,4% del área, y solo el Frente 1, que incluye la estación Portal Sur y varias pilonas, presenta un avance significativo con el 94,17% de los predios disponibles y el 90,3% del área.
Gestión predial: el cuello de botella del proyecto
El IDU ha reconocido que la demora obedece a verificaciones técnicas, jurídicas y contractuales, así como a dificultades en la gestión del suelo, como problemas registrales, doble titulación, trámites notariales y procesos judiciales. Aunque se han desembolsado más de 9.000 millones de pesos al contratista, estos fondos se destinaron exclusivamente a estudios y diseños, no a la construcción. El avance financiero del proyecto es de apenas el 1,70% según el IDU, mientras que la concejala Diana Diago, del Centro Democrático, lo sitúa en un 1,93% a marzo de 2026, calificando la situación como una “burla” para los habitantes de la localidad. En el nodo La Estancia, de 37 ofertas formales realizadas por un valor de 14.591 millones de pesos, 30 han sido aceptadas, lo que representa el 80,43% del suelo requerido. Por su parte, la Caja de Vivienda Popular (CVP) ha adquirido un predio de 53.746,31 metros cuadrados en la estación El Espino, sector Tres Reyes, para titulación masiva, y gestiona 82 predios en Espino I, de los cuales 16 están titulados y registrados, y 63 cuentan con resolución administrativa pendiente. Además, la CVP debe reasentar a 14 familias que habitan en zona de alto riesgo no mitigable cerca de la estación Santa Viviana, mientras que RenoBo ha identificado 448 unidades sociales que deberán ser trasladadas involuntariamente.
La voz de la comunidad: entre la resignación y la exigencia
Los líderes comunitarios del barrio Santa Viviana expresan su frustración ante la lentitud del proceso. José Vicente, líder de la zona, señaló que “falta más rapidez en cuanto a las ofertas para comprar las casas, porque prácticamente el problema es comprar los terrenos”. Cristina, otra líder comunitaria, manifestó el descontento de los vecinos: “Ya igual nos vamos a ir, que nos saquen ya”, reflejando el hartazgo de quienes llevan años esperando soluciones. Además, criticó la relación con el IDU: “Ustedes nos buscan cuando sienten que nos necesitan, pero cuando ya no, entonces como que ya ustedes no nos sirven”. Sobre las ocupaciones en predios del trazado, aclaró que “la idea no es decir: ‘Sáquenlos, acaben’”, pidiendo un manejo social sensible.
“La fase de construcción corresponde a la Etapa de Obra, la cual aún no ha iniciado”
IDU, respuesta a derecho de petición de Infobae Colombia
La administración de Carlos Fernando Galán busca que la fase constructiva comience antes de diciembre de 2027, para lo cual se adelantan mesas técnicas semanales con empresas de servicios públicos y un plan de choque predial que permita habilitar frentes de obra de forma gradual. La CVP y la Superintendencia de Notariado y Registro iniciaron mesas de trabajo el 3 de junio de 2026 para descongestionar trámites registrales en Bogotá Sur, mientras que RenoBo ha radicado 84 informes técnicos ante Catastro Distrital para avalúos entre febrero y abril de 2026. Sin embargo, la reanudación prevista para el 1 de octubre de 2026 está condicionada a superar las causas de suspensión y cumplir los requisitos contractuales pendientes. Los periodos suspendidos no se cuentan dentro del plazo contractual, según la cláusula 35 del contrato, por lo que el IDU no reconoce un retraso acumulado de nueve meses. Mientras tanto, los líderes comunitarios han pedido intervenciones viales como vías alternas, drenaje y pavimentación antes de la construcción, así como control de invasiones en el parque La Alameda, en un proyecto que lleva más de dos años sin dar el salto a la realidad.
