El Colectivo de Abogadas y Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) rechazó este 11 de junio de 2026 la propuesta del exministro y fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, José Manuel Restrepo, de eliminar los impuestos saludables en Colombia, calificándola de “regresiva”. A través de un comunicado de prensa, la organización señaló que la medida desconoce los avances documentados en salud pública y reducción del consumo de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, respaldados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), Unicef y la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif).
Declaraciones de José Manuel Restrepo
La propuesta fue formulada por Restrepo en una entrevista con Caracol Radio, donde afirmó que el impuesto “muy poco tiene de saludable” y que debe ser eliminado porque “las personas deben definir qué es lo que quieren consumir libremente”. En sus declaraciones, el exministro sostuvo que se trata de un gravamen “puramente ideológico” y que no tiene ninguna razón técnica. Sin embargo, desde Cajar, la abogada Yessika Hoyos Morales, vocera de la campaña “Dulce Veneno: el antídoto es la verdad”, le respondió que desmontar el impuesto “desconoce los avances documentados en salud pública y reducción del consumo de bebidas que son perjudiciales para la salud”. En su comunicado, la organización pidió mantener la discusión “en clave de salud pública y derechos humanos y no elevarlo a la contienda electoral”.
“Muy poco tiene de saludable. Hay que eliminarlo. Eso no tiene ninguna presentación. ¿Quién dijo que un impuesto es un mecanismo a través del cual usted define el consumo de una persona? Las personas deben definir qué es lo que quieren consumir libremente”.
José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella
“Ese es un impuesto que terminaron poniendo por una razón puramente ideológica. Ninguna otra razón tiene”.
José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial
Evidencia y cifras
El Cajar sustentó su rechazo en datos técnicos. Según Anif, a mayo de 2025 el recaudo por impuestos saludables alcanzó 1,6 billones de pesos, lo que representa el 1,3% del recaudo total del país y un incremento del 23% respecto al mismo periodo de 2024. Además, el consumo diario de bebidas azucaradas se redujo significativamente: entre los jóvenes de 12 a 28 años pasó del 24,6% en 2022 al 22,6% en 2024, mientras que en los adultos de 29 a 44 años bajó del 24,9% al 19,2%. La OMS recomienda que un impuesto que incremente en 20% el precio de estas bebidas puede generar una reducción proporcional en su consumo, y actualmente 74 países cuentan con políticas públicas alineadas a esta recomendación.
Llamado a la salud pública
Yessika Hoyos Morales enfatizó que “defender el impuesto saludable es defender la vida, la salud y los derechos de niñas, niños y adolescentes”, y agregó que “la evidencia internacional demuestra que estas medidas sí funcionan: reducen el consumo de productos nocivos, incentivan cambios en la industria y permiten que los Estados cuenten con más recursos para atender necesidades sociales urgentes”. La abogada subrayó que “desde Cajar insistimos en que la política fiscal también debe leerse desde un enfoque de derechos humanos” y que cuando un Estado adopta medidas para desincentivar el consumo de bebidas azucaradas “está cumpliendo con su obligación de garantía del derecho a la salud y de protección reforzada de la infancia”.
“Pido mantener esta discusión en clave de salud pública y derechos humanos y no elevarlo a la contienda electoral, desmontar el impuesto saludable desconoce los avances documentados en salud pública y reducción del consumo de bebidas que son perjudiciales para la salud”.
Yessika Hoyos Morales, abogada del Cajar
La controversia se enmarca en la campaña presidencial, donde los impuestos saludables —implementados en Colombia desde 2023— se han convertido en un punto de debate. El Cajar, con respaldo de organismos internacionales, insiste en que cualquier iniciativa para desmontarlos desconoce los avances en reducción del consumo, salud pública y recaudo fiscal, y advierte que la discusión no debe reducirse a un enfrentamiento electoral sino mantenerse en el terreno de los derechos humanos y la evidencia científica.
