La Secretaría de Infraestructura de Caldas informó en la Asamblea de Caldas el avance del proceso para la firma de 89 convenios solidarios, destinados al mantenimiento rutinario manual de 1.436 kilómetros de vías durante la vigencia actual.
El titular de la cartera, Jorge Ricardo Gutiérrez Cardona, señaló que, a pesar de ciertas complicaciones, ya se suscribieron los 89 convenios solidarios y 13 cuentan con acta de inicio: Chinchiná (1 Junta), Villamaría (3 juntas), Viterbo (2 juntas), Samaná (6 juntas) y Victoria (1 Junta). El conjunto de acuerdos tiene un valor de 2.859 millones de pesos, con aportes de la Gobernación de Caldas por aproximadamente 2.489 millones y de las JAC por 439 millones.
Desde la Secretaría se identificaron las causas que han atrasado el inicio de los convenios, entre ellas las restricciones electorales a la contratación por la Ley de Garantías, la actualización de documentos por parte de las Juntas de Acción Comunal (JAC) y los requisitos para la ejecución de los recursos.
El secretario señaló que la Ley de Garantías durante el periodo electoral presidencial limitó la contratación directa, modalidad utilizada para formalizar estos convenios.
Además, incidió la elección de las directivas de las JAC para el periodo 2026–2030. El cambio en los nombres de sus dignatarios obligó a actualizar los actos de reconocimiento y los certificados de existencia y representación legal, trámite que afectó a la Secretaría de Gobierno, encargada de actualizar la información de cerca de 1.400 juntas constituidas en el departamento.
Otra dificultad fue la gestión de documentos que debían solicitarse por primera vez a las nuevas juntas para tramitar lo exigido por Colombia Compra Eficiente mediante la Resolución 358 de 2023. Entre los documentos figuran el reconocimiento de los dignatarios y el Registro Único Comunal (RUC). Algunas juntas no estaban inscritas y fue necesario trasladar información al nuevo aplicativo dispuesto por el Ministerio del Interior.
La apertura de cuentas bancarias ha sido otro obstáculo. Estas deben ser administradas conjuntamente por el representante legal de la junta y el supervisor del convenio, como parte de las condiciones para el manejo de los recursos.
Asimismo, la resolución exigía que las personas que participaran en el mantenimiento vial estuvieran afiliadas al sistema de seguridad social y cumplieran las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo, dado que trabajar sobre vías con tránsito vehicular implica riesgos de accidentalidad. Por ello, los supervisores han insistido en la protección de los participantes frente a esos riesgos.
Los trámites de afiliación y sus costos han representado dificultades para las organizaciones comunales
Según Gutiérrez Cardona, estos trámites han sido un factor que ha dificultado las gestiones de las juntas.
El funcionario añadió que desde la Secretaría de Infraestructura se brinda apoyo técnico, administrativo, financiero y jurídico a las juntas y a sus enlaces municipales durante las etapas de preparación y contratación de los convenios. Este acompañamiento busca facilitar el cumplimiento de los requisitos, considerando las capacidades de las organizaciones y las condiciones de las comunidades campesinas, las mujeres rurales, las víctimas del conflicto armado y los pueblos indígenas que participan en estos procesos.
