En un operativo coordinado entre el Grupo de Protección a la Infancia y la Adolescencia de la Policía de Risaralda, el CTI y la Fiscalía General de la Nación, fue capturada en el municipio de Santa Rosa de Cabal una mujer de 27 años, cuya identidad no ha sido revelada, por su presunta responsabilidad en los delitos de acceso carnal violento agravado con menor de 14 años, tortura y violencia intrafamiliar. La detención se produjo luego de que las autoridades iniciaran indagaciones tras recibir información sobre la situación de una niña de 10 años, integrante del núcleo familiar de la acusada, quien habría sido víctima de estos aberrantes hechos.
Durante las primeras verificaciones realizadas por los uniformados, se detectaron señales de posible maltrato en la menor, lo que llevó a que el caso pasara a conocimiento de los organismos judiciales. El coronel Jaime Higgins, comandante de la Policía de Risaralda, señaló que dentro de la investigación también se revisan denuncias relacionadas con presuntos actos de tortura, aunque la institución no ha precisado cómo habrían ocurrido los hechos ni desde cuándo se presentarían.
Investigación y llamado a la comunidad
Ahora, la Fiscalía General de la Nación presentará ante un juez los elementos materiales probatorios recaudados durante la investigación para definir la situación jurídica de la detenida. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier forma de violencia contra niños, niñas y adolescentes, recordando que estos casos pueden ser reportados a las líneas de atención dispuestas para tal fin. “Es fundamental que la comunidad denuncie cualquier hecho que atente contra la integridad de los menores, para poder actuar de manera oportuna y evitar que estos crímenes queden en la impunidad”, afirmó el coronel Higgins.
La captura de esta mujer representa un avance en la lucha contra la violencia infantil en el departamento, pero las autoridades advierten que aún queda mucho trabajo por hacer para garantizar la protección de los más vulnerables. Mientras tanto, la menor víctima de estos presuntos abusos recibe atención por parte de los organismos de protección, en un proceso que busca mitigar el daño causado y restablecer sus derechos.
