Un informe del periódico británico Financial Times, publicado el jueves 6 de agosto, ha revelado que grupos armados y carteles de narcotráfico colombianos estarían enviando combatientes al frente de guerra en Ucrania para entrenarse en tácticas avanzadas de combate con drones, con el objetivo de trasladar posteriormente esas capacidades letales al conflicto interno colombiano. La denuncia, que ha encendido las alarmas en las autoridades de defensa, detalla cómo exmilitares, exguerrilleros y exparamilitares colombianos viajan al país europeo para aprender técnicas que van desde el manejo de drones FPV hasta el montaje de cargas explosivas y el cifrado de comunicaciones, todo con la intención de superar las contramedidas que actualmente emplea el Ejército colombiano.
La filtración de esta información se originó a partir del hallazgo de un voluntario colombiano en el frente ucraniano, desencadenando una investigación que ha puesto en evidencia una peligrosa conexión transatlántica. Según explicó a Financial Times Taras Palianytsia, funcionario del Centro de Reclutamiento Extranjero del Ministerio de Defensa de Ucrania, los combatientes colombianos detectados en el frente han sido «enviados a casa». Sin embargo, la preocupación central radica en el conocimiento que ya han adquirido. Un cooperante colombiano en Ucrania, citado por el mismo medio, advirtió que «la estrategia de reclutamiento es muy compleja, pero lo que más me preocupa es el nivel de especialización que están adquiriendo».
La guerra entre Ucrania y Rusia ha servido como un laboratorio global para el desarrollo de la guerra con drones, perfeccionando técnicas como el uso de fibra óptica para evitar la interferencia de radiofrecuencia y la protección de enlaces de comunicación. Son precisamente estas capacidades las que los grupos criminales colombianos buscan replicar. En Colombia, el uso de drones comerciales modificados para lanzar explosivos ya es una realidad tangible. Entre 2024 y 2025, se registraron 264 ataques con estos artefactos, aunque el 96% de ellos fueron neutralizados mediante interferencia de radiofrecuencia o destrucción directa. El ataque más grave ocurrió en diciembre, cuando un dron mató a siete uniformados, y la tendencia se ha mantenido con al menos tres soldados muertos en abril cerca de la frontera con Ecuador y otro en mayo en una zona cocalera, dejando seis heridos adicionales.
Una amenaza a la supremacía aérea
La llegada de estas técnicas más sofisticadas desde Ucrania representa un desafío sin precedentes para la seguridad nacional. Pedro Sánchez, entonces ministro de Defensa saliente de Colombia, señaló que «la industria de los drones se ha disparado y los delincuentes han adaptado la tecnología para los ataques, lo que supone un gran desafío para la supremacía aérea en el campo de batalla». En la misma línea, Elizabeth Dickinson, subdirectora para América Latina de International Crisis Group, afirmó de manera contundente que «el ejército ha perdido el monopolio del espacio aéreo, lo que representa una amenaza». El gobierno colombiano, consciente de esta escalada, tiene en marcha un plan presupuestado en 1.600 millones de dólares para la creación de un escudo antidrones que busca contener esta nueva forma de agresión.
El fenómeno del mercenarismo colombiano es una realidad que trasciende el conflicto en Ucrania. De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas, en los últimos once años, cerca de 10.000 colombianos han sido reclutados como mercenarios en todo el mundo, y se estima que hasta 500 veteranos colombianos han muerto en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa a gran escala. El presidente Gustavo Petro, quien implementó una política de «paz total» tras el acuerdo de 2016 con las FARC, se ha referido al trato que reciben estos connacionales en el extranjero, calificándolos de «raza inferior» y «carne de cañón», en un intento por desincentivar su reclutamiento. Su administración aumentó los salarios militares y ratificó una convención de la ONU de 1989 contra el reclutamiento de mercenarios para reducir estos incentivos.
El nuevo gobierno, que asumió el pasado 7 de agosto, ha anunciado que su prioridad será «restablecer la autoridad del Estado en las regiones más afectadas por la violencia». Sin embargo, la investigación del Financial Times deja en evidencia que los grupos armados, lejos de debilitarse, están buscando en los campos de batalla de Ucrania las herramientas para modernizar su guerra contra el Estado colombiano.












