El Centro Democrático tiene listo un proyecto de ley para modificar la reforma pensional aprobada durante el gobierno de Gustavo Petro. La iniciativa, que será radicada próximamente en el Congreso de la República, está liderada por la senadora Claudia Margarita Zuleta y cuenta con el respaldo de los senadores Andrés Forero y Zandra Bernal. Según información divulgada por La FM, la contrarreforma busca introducir tres cambios fundamentales a la Ley 2381 de 2024, otorgando mayor libertad de elección a los afiliados del sistema pensional colombiano.
Los puntos clave de la contrarreforma
El principal cambio propuesto elimina la obligatoriedad de cotizar en Colpensiones para quienes tienen ingresos de hasta 2,3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En su lugar, los trabajadores podrán elegir voluntariamente entre el fondo público y una Administradora del Componente Básico de Ahorro Individual, siempre que no estén cobijados por el régimen de transición establecido en el artículo 75 de la Ley 2381. Para ello, se establece un umbral de cotización voluntaria que abarca ingresos entre uno y 2,3 salarios mínimos. Además, la propuesta permite que quienes lleguen a la edad de pensión sin cumplir los requisitos puedan optar por la devolución de saldos, así como por prestaciones alternativas como la prestación anticipada, la indemnización sustitutiva, el beneficio económico periódico, la pensión familiar o la mensualidad vitalicia.
En cuanto a los traslados entre regímenes, la contrarreforma fija un plazo de cinco años para moverse entre Colpensiones y los fondos privados, sin límite de edad, siempre con doble asesoría. Para los cambios entre administradoras privadas, el período se reduce a seis meses. Respecto al excedente de cotización sobre los 2,3 salarios mínimos, los afiliados dispondrán de seis meses para elegir el fondo donde se administrará ese ahorro; si no lo hacen, el sistema asignará uno de manera aleatoria. Las cuentas de ahorro individual serán consideradas patrimonio autónomo, separado de las administradoras, y las inversiones se orientarán a mejorar la mesada, con una reducción progresiva del riesgo a medida que se acerca la edad de jubilación.
La iniciativa también contempla que el Estado actúe como garante final del sistema. Para ello, exige estudios actuariales que vigilen el fondo de pensión mínima y establece que, en caso de incumplimiento de una administradora, el Estado podrá cobrar contra su patrimonio y aplicar sanciones. Es importante destacar que la contrarreforma no plantea la eliminación de Colpensiones, sino que busca flexibilizar el esquema actual, devolviendo a los trabajadores la capacidad de decidir dónde cotizan y cómo reciben su pensión.
