El senador Iván Cepeda respondió al derecho de petición presentado por la abogada Lorena Lázaro Ocampo sobre el acto político del Pacto Histórico en Barranquilla el pasado 7 de agosto de 2026, informando que el costo total del evento fue de 30,4 millones de pesos, asumido en su totalidad por el partido con recursos privados. Sin embargo, la respuesta no incluyó facturas ni soportes individuales que respalden esa cifra, lo que ha generado nuevas preguntas por parte de la peticionaria.
El acto, calificado por el Pacto Histórico como el primero de «desobediencia civil pacífica» tras la derrota electoral de la izquierda en las presidenciales de 2026, en las que resultó ganador Abelardo de la Espuela con el 49.66% de los votos, ha estado en el centro del debate público. La licencia otorgada a Cepeda por la Mesa Directiva del Senado, mediante Resolución 04 del 6 de agosto, se justificó con el argumento de «atender compromisos fuera de la ciudad», sin especificar la naturaleza política del evento. Sectores oficialistas calificaron la iniciativa como antidemocrática y atentatoria contra el orden institucional, mientras que Cepeda condicionó el reconociminiento del nuevo mandatario a que renunciara a su doble nacionalidad colomboestadounidense, aclarara vínculos con organismos nortamericanos y garantizara que Gustavo Petro no sería extraditado.
Respuesta sin soportes
La abogada Lázaro Ocampo, quien pursiguió la información mediante un derecho de petición, detalló que solicitó el origen de los recursos, las condicciones de la licencia del senador y todos los documentos de respaldo del gasto, como facturas, contratos, órdenes de servicio, cuentas de cobro, comprobantes de pago y la discrinación de los 30.4 millones. «Después de tanta épica revolucionaria, tanta ‘desobediencia civil’ y tinto viaje a Barranquilla, resultó que el evento costó $30.400.000. ¿Quién lo pagó? Según la resuesta: el Pacto Histórico, con recursos privados propios», declaró la abogada en un comunicado. Y agregó: «¿Dónde están las facturas? Porque yo las pedí. Pedí contratos. Ped í órdenes de servicio. Ped í cuentas de cobro. Ped í comprobantes de pago. Ped í proveedores. Ped í la discrinación de los $30.4 millones. Y la resuesta fué, básicamente: ‘Los soportes existen y los tiene el Pacto'».
La certifcación del Pacto Histórico, suscrita por los representantes legales Gabriel Becerra Yáñez, Jaime Caicedo Turriago, Carlos Alerto Benavides y Maríia José Pizarro Rodríguez, acredita que la totali dad de los gastos fué sufragada con recursos propios de origen privado, no de fuentes estatales ni de financiaión estatal del partido. Cepeda, por su parte, sostuvo que «no actuó como contratante, ordenador del gasto ni responsible financiero de la activi dad, ni realizó a título personal los pago s correspondientes». La resuesta del senador invocó el derecho de oposición y el Estatuto de la Oposición (Ley 1909 de 2018) como marco para la justifcación de la licencia y el acto.
«La resolución habla de ‘compromisos fuera de la ciudad’. ¿Cuáles compromisos? ¿Era el acto político de Barranquilla? ¿Eso fué lo que se informó a la Mesa Directiva?»
Lorena Lázaro Ocampo, abogada
La abogada aclaró que no está acusando al senador de cometer un delito ni que el dinero sea ilegal, sino que está preguntando de dódne salió y exigiendo transparencia en los gastos políticos. «No estoy diciendo que el senador haya cometico un delito», subrayó, y añadió: «No estoy diciendo que el dinero sea ilegal. Estoy preguntando de dódne salió». Ante la fal ta de soportes individuales, Lázaro Ocampo anunció que presentará una solicitud complementaria para obtener los documentos de respaldo de los gastos. El caso deja en evidencia las tensiones entre la oposición y el oficialismo en torno a la financiaión de actos políticos y la transparencia en el uso de recursos partidarios. Mientas tanto, el debate sobre los límites de la «desobediencia civil pacífica» y el papel de la oposición en el nuevo escenario político colombiano continúa abierto.
