La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió una nueva indagación previa contra el presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial de 2022, a raíz de unos audios atribuidos al narcotraficante Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, máximo cabecilla de la organización criminal La Inmaculada. La decisión se tomó luego de que la periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila revelara el contenido de las grabaciones, horas después de que alias Pipe Tuluá fuera extraditado a Estados Unidos el pasado 3 de febrero de 2026. El proceso, que tiene un plazo inicial de seis meses, busca determinar si los hechos descritos en esos audios constituyen falta penal o disciplinaria atribuible al jefe de Estado.
La investigación llegó a la Comisión a través de la Red de Veedurías de Colombia, tras las revelaciones publicadas por la revista Semana. En el auto que da inicio a la indagación, citado por Blu Radio, se señala que «los audios publicados señalan que presuntamente alias Pipe Tuluá contaría con supuestas pruebas de los dineros entregados, como videos, audios y soportes de consignaciones». El documento agrega que el narcotraficante habría indicado que los dineros no solo se destinaron a la campaña presidencial, sino también a otros asuntos relacionados con la Dian, y que esas pruebas serían entregadas a las autoridades de Estados Unidos.
Las acusaciones contra el hermano del presidente
En el centro de la controversia aparece Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro. Según la periodista Vicky Dávila, quien reveló los audios en una rueda de prensa, «alias Pipe Tuluá dijo que él entregó dineros a la campaña de Gustavo Petro a través de Juan Fernando Petro, hermano del hoy presidente de la República». En las grabaciones, se escucha además una voz atribuida a alias Pipe Tuluá que afirma: «Si estamos hablando de comprar funcionarios, yo creo que lo primero que debe evaluarse es que nosotros a su hermano sí lo compramos». La representante Gloria Elena Arizabaleta, del Pacto Histórico, solicitó a la Comisión la realización de un laboratorio forense sobre los audios para determinar si han sido manipulados, y pidió requerimientos a la Fiscalía para que remita toda la documentación relacionada con las investigaciones que cursan contra alias Pipe Tuluá y la organización La Inmaculada, incluyendo los casos de financiación ilícita y narcotráfico.
«Señalan los audios publicados que presuntamente alias Pipe Tuluá contaría con supuestas pruebas de los dineros entregados, como videos, audios y soportes de consignaciones. Adicionalmente, se indica que alias ‘Pipe Tuluá’ también habría señalado que los dineros no solo se habrían destinado a la campaña presidencial, sino también a otros asuntos relacionados con la Dian y que esas pruebas serían entregadas a las autoridades de Estados Unidos».
Documento de la Comisión de Investigación y Acusación, citado por Blu Radio
Además, la representante Arizabaleta solicitó a la revista Semana los documentos que permitan esclarecer los hechos. La Comisión deberá ahora recaudar todas las pruebas disponibles en un plazo de seis meses, tras lo cual decidirá si archiva el caso o formula un pliego de cargos contra el presidente Gustavo Petro. El escándalo se produce en un contexto de alta tensión política, mientras el Gobierno enfrenta múltiples frentes jurídicos y la oposición clama por una investigación exhaustiva que determine la veracidad de las acusaciones contenidas en los audios de alias Pipe Tuluá.
