El Consejo Nacional Electoral (CNE) reconoció que la Ley 2494 de 2025 impone restricciones excesivas a las encuestas electorales, lo que ha disparado los costos de estas operaciones, y se comprometió a presentar un proyecto de reforma al Congreso. Esta admisión surgió durante un diálogo virtual transmitido en vivo por las redes del CNE y la revista Cambio, días después del anuncio de salida de la firma GAD3 del mercado colombiano por incumplimiento de la normativa. En el encuentro participaron comisionados técnicos como Álvaro Montenegro y el magistrado Álvaro Echeverri, junto a representantes de las 84 firmas registradas en el Registro Nacional de Firmas Encuestadoras, que han elevado quejas constantes por los elevados gastos y la inviabilidad operativa.
La salida de GAD3 ha dejado solo cuatro firmas activas en mediciones electorales, un golpe significativo al sector, ya que la ley exige trazabilidad completa de resultados, muestras más grandes para márgenes de error estrictos —máximo del 3% a nivel nacional y 5% regional— y valida únicamente encuestas domiciliarias presenciales. Esto contrasta con tasas de respuesta inferiores al 3% en llamadas telefónicas y del 60% en visitas presenciales, además de problemas prácticos como riesgos de seguridad en estratos 1 y 2 o accesos bloqueados en los 4, 5 y 6. La normativa, que eleva a rango legal regulaciones existentes desde 1996, también prohíbe publicar sondeos de probabilidad —no calculables según la ley— y amenaza con sanciones mínimas superiores a los 40 millones de pesos tanto a encuestadoras como a medios que repliquen resultados no conformes, impidiendo publicaciones desagregadas por regiones o estratos.
Admisiones y compromisos del CNE
Álvaro Montenegro, comisionado del CNE, fue directo al validar las quejas del sector: la ley genera costos prohibitivos al restringir métodos eficientes como los telefónicos, defendidos por GAD3 por su uso en países como el Reino Unido. En su última encuesta, GAD3 reportó a Iván Cepeda con 36%, Abelardo de la Espriella con 21% y Paloma Valencia con 13%. El CNE aclaró que no modificará la Resolución 1197 de 2026, sino que impulsará cambios legislativos con colaboración del gremio.
“Hay algunas cosas que efectivamente en la ley son muy restrictivas. Ustedes lo han dicho repetidamente y entendemos que esas restricciones es lo que fundamentalmente han elevado el costo del ejercicio de esas operaciones”
Álvaro Montenegro, comisionado del CNE
“Ya estamos trabajando en un documento para modificar, para proponerle al Legislativo un cambio en la ley. Eso no lo vamos a hacer a escondidas, simplemente les vamos a pedir el favor de que nos colaboren corrigiendo los textos, sugiriendo cosas”
Álvaro Montenegro, comisionado del CNE
Este compromiso abre la puerta a ajustes que podrían revitalizar el mercado de encuestas en Colombia, aliviando la concentración en pocas firmas y facilitando un monitoreo electoral más accesible y preciso para la ciudadanía y los medios.
