Un juez de Bogotá ordenó la reapertura de la investigación por una presunta estafa de 400.000 dólares contra la empresaria colombiana Esther Inés Porto Tobías, luego de determinar que la Fiscalía archivó el caso de manera indebida cuando ya existía un escrito de acusación formal. La decisión, fechada el 15 de octubre de 2026, anula el archivo que se produjo el 22 de enero de 2020 y obliga al ente acusador a retomar el proceso. La denunciante, Adriana Angulo Santana, contratista que asegura haber sido víctima del fraude, celebra la medida mientras su defensa advierte que el expediente está próximo a prescribir.
Los hechos se remontan a septiembre de 2014, cuando Porto Tobías propuso a Angulo Santana un negocio de redistribución mayorista de ropa de las marcas Zara, Stradivarius y Massimo Dutti, del grupo Inditex. La víctima entregó 400.000 dólares con la promesa de obtener una utilidad de 402.209 dólares en apenas cinco semanas, lo que representaba un retorno cercano a los 800.000 dólares. Según la denuncia, el negocio involucraba 434.000 unidades de prendas. Sin embargo, el pago nunca se materializó. La Fiscalía acusó formalmente a Porto Tobías por estafa en 2018, pero dos años después, en enero de 2020, archivó el caso en etapa de indagación, argumentando que se trataba de un cobro de deudas y que la denunciante debió exigir soportes adicionales.
Un archivo que la justicia consideró improcedente
El juzgado que revisó el caso concluyó que la Fiscalía no podía archivar un expediente que ya contaba con un escrito de acusación. El archivo, explicó el juez, solo procede en la fase de indagación, antes de la imputación de cargos. Por lo tanto, anuló la decisión de la fiscal Beatriz Sierra Cruz, quien había justificado el cierre señalando que la denunciante debió exigir soportes adicionales
y que el ente investigador no había sido creado para el cobro de deudas
. Ahora, la Fiscalía deberá definir si avanza a juicio o solicita la preclusión del caso ante un juez.
El trasfondo de un negocio fallido y una conciliación incumplida
Porto Tobías residía en Indian Creek Island, una de las comunidades más exclusivas de Miami, donde han vivido figuras como Jeff Bezos, Ivanka Trump y Jared Kushner. Allí poseía una propiedad cuyo valor alcanzó los 4 millones de dólares, es decir, más de 12.000 millones de pesos colombianos. En medio del proceso judicial, ambas partes firmaron un acuerdo de conciliación por 500.000 dólares, con pagos programados entre septiembre y noviembre de 2018 y enero de 2019. Sin embargo, la denunciante asegura que nunca recibió ese dinero y que conoce otros casos similares. El abogado de Angulo Santana, Pedro Aguilar, asumió la defensa tras el archivo inicial y ha insistido en que el caso no podía cerrarse sin un pronunciamiento de fondo.
La denunciante sostiene que el fraude afectó gravemente su economía y su salud, y que la demora en la justicia agrava su situación. Con la reapertura ordenada por el juez, el reloj judicial vuelve a correr. La Fiscalía tiene ahora la responsabilidad de decidir si finalmente lleva a Porto Tobías a juicio o si, por el contrario, el caso se extingue por prescripción. La comunidad jurídica y empresarial sigue de cerca este proceso, que pone en evidencia los límites del sistema penal cuando se archivan investigaciones que ya han superado la etapa de indagación.
