El Consejo Nacional Electoral (CNE) impuso una sanción a la campaña Petro Presidente 2022 por superar los topes de financiación en ambas vueltas presidenciales, ordenando la devolución de los recursos excedidos y el envío del expediente a la Fiscalía para investigación. La decisión, tomada en sala plena e iniciada el 8 de octubre de 2024, recae sobre los responsables financieros Ricardo Roa, Lucy Mogollón y Mary Lucy Soto, así como sobre los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica, por violaciones graves que incluyen aportes prohibidos de la Unión Sindical Obrera (USO) y Fecode, además de la recepción de fondos de fuentes no autorizadas.
La sanción fue aprobada por seis magistrados del CNE, entre ellos Altus Baquero, Alfonso Campo, Maritza Martínez, Benjamín Ortíz, Álvaro Prada y el conjuez Majer Abushihab, mientras que tres se opusieron: Cristian Quiroz, Fabiola Márquez y el conjuez Jorge Acuña. En la primera vuelta, la campaña superó los topes por 2.459 millones de pesos, de los cuales 1.552 millones provenían de personas jurídicas, y en la segunda vuelta el exceso fue de 583 millones de pesos, con 556 millones de fuentes no autorizadas. Como resultado, se impone una multa solidaria de 2.879 millones de pesos a Roa, Mogollón y Soto, más una devolución de 3.043 millones por reposición de votos, para un total conjunto de 5.923 millones de pesos, además de 1.167 millones a cada uno de los partidos implicados y una sanción adicional de más de 165 millones a Roa por un evento en el Movistar Arena.
Contexto del proceso y exclusión de Petro
El proceso se inició incluyendo al presidente Gustavo Petro, pero la Corte Constitucional lo excluyó al considerar que, por su cargo, solo es investigable por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. La decisión reciente de la sala plena del CNE califica estas faltas como graves y traslada el expediente tanto a la Fiscalía, que indagará posibles delitos como financiación prohibida, violaciones a topes electorales y fraude procesal contra los responsables, como a la Comisión de Acusaciones. Este fallo subraya el rigor en la fiscalización de campañas electorales en Colombia y marca un precedente en el control de recursos no autorizados en procesos presidenciales.
