Colombia en riesgo de arbitraje internacional en París por pasaportes

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Colombia podría enfrentar un arbitraje internacional en París, Francia, por el convenio suscrito con la Casa da Moeda de Portugal para el suministro de pasaportes y documentos oficiales, si alguna de las partes invoca la cláusula 25 del contrato y fracasa el mecanismo de arreglo directo. La advertencia la hizo Juan Casallas, abogado especializado en arbitraje internacional y contratación estatal, socio de Holland & Knight, quien explicó que la suspensión provisional del modelo de pasaportes ordenada por la jurisdicción contencioso-administrativa colombiana y la posterior contratación con Thomas Greg & Sons y Thales podrían constituir incumplimientos contractuales frente a la exclusividad pactada con la empresa pública portuguesa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM), que es 100 % propiedad del Estado portugués.

El convenio, suscrito entre la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa da Moeda, tiene un valor total de más de 1,3 billones de pesos colombianos, cifra que serviría como tope de referencia para una eventual indemnización, aunque no implica un pago automático. Para que una controversia llegue a un tribunal arbitral en París, debe tratarse de una disputa comprendida dentro del ámbito de la cláusula 25 del convenio y es necesario que se agote sin éxito la etapa previa de arreglo directo allí prevista, indicó Casallas. Ese plazo es de 30 días desde la notificación escrita, tiempo durante el cual las partes intentarían resolver la controversia sin acudir a un tercero.

Los detalles del convenio

El numeral 6.17 del convenio establece una obligación de exclusividad: las entidades colombianas deben adquirir de la Casa da Moeda los insumos y documentos oficiales contemplados. Sin embargo, la suspensión provisional de los efectos del modelo de pasaportes, decretada por la jurisdicción contencioso-administrativa colombiana, llevó a la Cancillería a celebrar un contrato temporal con Thomas Greg & Sons y Thales para garantizar la continuidad del servicio. Según Casallas, la sola celebración de un contrato con estos proveedores no necesariamente sería suficiente para acreditar el incumplimiento, pues los árbitros deberán analizar las circunstancias específicas del caso.

La cláusula 14 del convenio regula la responsabilidad por incumplimiento, pero no fija una suma predeterminada; la cuantía de una eventual indemnización dependería de los perjuicios demostrados por la parte demandante. El tope referencial de 1,3 billones de pesos proyectados para el suministro de documentos podría servir como referente económico, pero no equivale por sí solo al valor de una reclamación, aclaró el abogado.

El camino hacia el arbitraje

En caso de activarse el arbitraje, la sede sería París, bajo el Reglamento de la Cámara de Comercio Internacional (CCI). El tribunal estaría compuesto por tres árbitros y resolverá la controversia conforme al derecho francés, según el artículo 43 del Reglamento CCI, y al marco jurídico colombiano pactado por las partes. Casallas explicó que la suspensión provisional ordenada por la justicia colombiana no define automáticamente el resultado del arbitraje; los árbitros aplican normas sustantivas y no la suspensión como fuente de derecho.

Si se profiere un laudo adverso a Colombia, la parte interesada podría solicitar su anulación ante la jurisdicción francesa (lex arbitri) por causales específicas como falta de competencia, constitución irregular del tribunal, desconocimiento de la misión, afectación del contradictorio u orden público internacional. El proceso de nulidad ante la jurisdicción colombiana y el arbitraje pueden avanzar en paralelo. Para que un laudo favorable a la Casa da Moeda tenga efectos en Colombia, requeriría reconocimiento conforme a la Convención de Nueva York, sin que ello implique reabrir el fondo del litigio. Una solicitud de anulación pendiente no bloquea automáticamente el reconocimiento en el país, aunque la autoridad colombiana podría aplazar su decisión.

«Para que una controversia entre la Casa da Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional llegue a un tribunal arbitral en París, debe tratarse de una controversia comprendida dentro del ámbito de la cláusula 25 del convenio y es necesario que se agote sin éxito la etapa previa de arreglo directo allí prevista»

Juan Casallas, socio de Holland & Knight

«Los 30 días operan como una etapa contractual previa al arbitraje que tiene el fin de que las partes intenten resolver la controversia sin acudir a un tercero»

Juan Casallas

El abogado concluyó que el reconocimiento del laudo no constituye una nueva instancia ni permite reabrir la controversia decidida por los árbitros, por lo que Colombia deberá prepararse para una eventual disputa que podría tener consecuencias económicas significativas.

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