Colombia se ubicó entre los diez países con mejor desempeño en políticas de protección infantil a escala global, según el Índice Out of the Shadows 2026 presentado durante la edición 79 de la Asamblea Mundial de la Salud de la OMS, que se desarrolla esta semana en Ginebra, Suiza. El estudio, elaborado por Economist Impact en alianza con Together for Girls, evalúa la capacidad de los Estados para prevenir y responder a la violencia sexual contra menores mediante el análisis de 23 indicadores en 60 países que representan el 83% de la población infantil mundial. Con una calificación general de 69,7 sobre 100, Colombia no solo ingresó al top 10 global, sino que también ocupó el primer lugar entre las naciones de ingresos medianos altos, aunque el informe subraya que persisten vacíos institucionales y legales que deben cerrarse para garantizar la seguridad de la niñez.
El índice mide la preparación de los países para enfrentar delitos sexuales contra niños y adolescentes, no la cantidad de casos registrados. Los resultados se estructuran en cuatro pilares: gobernanza, prevención, sanación y justicia. Colombia obtuvo su mejor puntaje en prevención y protección infantil, con 83,3 sobre 100, seguido por sanación con 75, justicia con 74,5, y un significativo rezago en gobernanza y rendición de cuentas, donde apenas alcanzó 44,6 sobre 100. Este último indicador refleja debilidades en la articulación institucional y en los mecanismos de supervisión que el país deberá fortalecer para avanzar hacia un sistema integral de protección.
Llamado a cerrar las brechas críticas
Elly Vaughan, directora de investigación en Economist Impact, señaló que en los 60 países evaluados la investigación revela brechas críticas en los sistemas de protección infantil, mientras que Daniela Ligiero, directora ejecutiva de Together for Girls, advirtió que una puntuación de 69,7 sobre 100 simplemente no es suficiente para los niños y niñas. Vaughan explicó que el estudio permitió identificar dónde los gobiernos están tomando medidas efectivas y dónde aún existen rezagos, particularmente en la coordinación entre actores estatales y la participación de las comunidades. Ligiero, por su parte, enfatizó que solo cuando se tomen medidas consistentes en todos los indicadores, los niños y niñas estarán seguros, y destacó que casi la mitad de los 20 países mejor clasificados son de ingresos medios, lo que demuestra que los recursos financieros no son el único factor determinante para construir sistemas robustos de protección.
«En los 60 países que evaluamos, nuestra investigación revela brechas críticas en los sistemas de protección infantil»
Elly Vaughan, directora de investigación en Economist Impact
«Una puntuación de 69.7/100 simplemente no es suficiente para los niños y niñas»
Daniela Ligiero, directora ejecutiva de Together for Girls
Entre las recomendaciones específicas para Colombia, el informe plantea la creación de un Consejo Nacional de Sobrevivientes que garantice la participación activa de las víctimas en el diseño de políticas públicas, así como la puesta en marcha de un plan nacional contra la violencia sexual infantil con metas claras y presupuesto asignado. Asimismo, sugiere establecer los 18 años como edad de consentimiento sexual, con excepciones por cercanía de edad, y fortalecer las normas contra la explotación sexual infantil y los abusos cometidos por familiares o autoridades. El estudio identificó que Colombia aún presenta vacíos en herramientas para la extradición, la persecución de redes internacionales de explotación sexual y la trata de menores, aspectos que deben ser priorizados en la agenda legislativa y de cooperación internacional.
La evaluación, que abarcó seis regiones del mundo, concluye que el desempeño de un país no depende exclusivamente de su nivel de ingresos, sino de la voluntad política y la capacidad de implementar reformas integrales. Para Colombia, el reconocimiento como líder entre las naciones de ingresos medianos altos representa un avance, pero también un compromiso para cerrar la brecha en gobernanza y asegurar que todos los niños y niñas estén protegidos frente a la violencia sexual. Las autoridades nacionales ya han sido notificadas de las recomendaciones y se espera que en los próximos meses se avance en las adecuaciones normativas e institucionales necesarias.
