Colombia mantiene el salario más alto de América Latina para sus congresistas, una realidad que vuelve a estar en el centro del debate público luego de que el Gobierno de Gustavo Petro intentara recortarlo por decreto a principios de 2026 y el Consejo de Estado anulara la medida en tiempo récord. Los 291 senadores y representantes a la Cámara perciben una remuneración bruta mensual de aproximadamente 52 millones de pesos, equivalentes a unos 16.275 dólares o 26 salarios mínimos legales vigentes en el país. Esta cifra supera con amplitud lo que ganan los legisladores de México, Uruguay, Brasil, Chile, Argentina, Paraguay, Perú, Ecuador y Bolivia, y solo es superada por el sueldo de los congresistas de Estados Unidos, que rondan los 14.500 dólares mensuales.
La comparación regional resulta elocuente. Mientras que México y Uruguay pagan a sus parlamentarios alrededor de 9.500 dólares al mes, Brasil se acerca a los 9.120 dólares, Chile otorga a sus senadores unos 8.747 dólares y a sus diputados cerca de 8.600, Argentina asigna a los senadores aproximadamente 8.000 dólares y a los diputados unos 4.876, Paraguay se ubica en 6.272 dólares, Perú en 6.150, Ecuador en 4.759 y Bolivia en 3.379. Incluso frente a economías desarrolladas como Alemania, donde los miembros del Bundestag reciben cerca de 13.458 dólares, o Japón y España –cuyo salario base parlamentario es de 3.366 euros mensuales–, el sueldo de los congresistas colombianos se destaca por su magnitud. La brecha con el salario mínimo nacional también es una de las más altas del continente: en Brasil la relación es de 28,6 veces el salario mínimo; en Perú, de 28,32; en Colombia, de 26; en Argentina llega a 25,5 para senadores y 19 para diputados; en Chile es de aproximadamente 15 veces; en Ecuador de 9,8 y en Bolivia de 6.
Un nuevo intento de recorte tras el fracaso del decreto
El más reciente episodio de esta larga disputa ocurrió en enero de 2026, cuando el Gobierno expidió un decreto que eliminaba la prima especial de servicios, un componente que aporta cerca de 18 millones de pesos al ingreso mensual de los congresistas. Con esa medida, el salario bruto pasaría de 55 a 37 millones de pesos. Sin embargo, seis demandas presentadas por abogados cercanos a los propios legisladores lograron que el Consejo de Estado anulara el decreto en cuestión de días. El argumento central del Ejecutivo era avanzar en equidad y sostenibilidad fiscal, en un país que el Banco Mundial sigue clasificando como uno de los de mayor desigualdad de ingresos del mundo.
El trasfondo de esta situación es una paradoja institucional: son los propios congresistas quienes deben decidir sobre su salario, lo que ha bloqueado al menos quince iniciativas de recorte presentadas desde comienzos del siglo XXI. Una demanda contra el decreto de 2013 que creó la prima especial lleva trece años sin una decisión de fondo en los tribunales. Ahora, un grupo de congresistas del Pacto Histórico prepara una nueva iniciativa legislativa para reducir la remuneración, retomando así un debate que parece no tener fin en el Capitolio.
Además del salario base, los legisladores colombianos gozan de beneficios adicionales que incrementan el costo para el Estado. Cada congresista dispone de un presupuesto mensual equivalente a 50 salarios mínimos para financiar su Unidad de Trabajo Legislativo, y tienen derecho a tiquetes aéreos y recursos para transporte. En conjunto, estos factores profundizan la distancia entre la remuneración de los representantes y la realidad de la mayoría de los colombianos, que devengan el salario mínimo legal de aproximadamente dos millones de pesos mensuales. La nueva iniciativa legislativa que se gesta en el Pacto Histórico se enfrenta al mismo escollo que sus antecesoras: para que el salario se reduzca, deberán votarlo los mismos que hoy lo reciben.
