El Ministerio de Salud y las autoridades sanitarias de Colombia han implementado una estricta prohibición sobre el uso de cigarrillos electrónicos, conocidos como vapes, en todos los espacios públicos y lugares cerrados de acceso colectivo, equiparándolos a las restricciones ya existentes para los cigarrillos convencionales. Esta medida, establecida por la Ley 2354 de 2024 y respaldada por el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, busca reducir la exposición involuntaria a sustancias químicas y nicotina, protegiendo la salud pública y fomentando una mejor convivencia social. Las multas por incumplimiento pueden alcanzar hasta 759.200 pesos, y la norma se aplicará con mayor rigor a partir de 2026, aunque ya genera cambios en los empaques de estos productos desde 2025.
La prohibición abarca una amplia gama de sitios en todo el territorio colombiano, incluyendo instituciones educativas, clínicas, hospitales, oficinas públicas, escenarios deportivos, estaciones de transporte masivo, restaurantes y cualquier establecimiento cerrado de acceso común. Antes de esta ley, existía una zona gris regulatoria que permitía un uso más permisivo de los vapes, pero ahora las autoridades intensificarán campañas pedagógicas y controles en colegios, universidades, restaurantes, estaciones de transporte y centros médicos, con especial preocupación por el creciente consumo entre la población joven expuesta a nicotina y otras sustancias químicas dañinas.
Restricciones en ventas y publicidad
Además del veto al consumo en público, la norma prohíbe la venta de cigarrillos electrónicos a menores de 18 años, con sanciones administrativas que podrían incluir investigaciones, cierres temporales de comercios y multas significativas. Se restringe la publicidad dirigida a menores y la exhibición de estos productos en los puntos de venta, mientras que desde 2025 los empaques incorporarán advertencias sanitarias e imágenes preventivas para disuadir su uso. Los controles se reforzarán en las principales ciudades colombianas, sin distinción entre los diferentes tipos de vapeadores, garantizando una aplicación uniforme de la ley.
Esta iniciativa representa un paso decisivo en la protección de la salud colectiva, cerrando brechas regulatorias previas y alineando los vapes con las normas antitabaco tradicionales, con el objetivo de minimizar riesgos especialmente en entornos compartidos y entre los más vulnerables.
