La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, presidida por el representante Carlos Alberto Cuenca, aprobó por unanimidad promover un conflicto de competencias para asumir el expediente contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, investigado por los delitos de concierto para delinquir agravado en relación con las masacres de El Aro y La Granja, el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y los vínculos con el Bloque Metro. La decisión, anunciada recientemente, implica solicitar a la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia que traslade el caso a la comisión, argumentando que los hechos delictivos se habrían extendido hasta el año 2003, cuando Uribe ya ejercía la Presidencia de la República y gozaba de fuero constitucional.
La defensa del exmandatario, que presentó la solicitud formal, sostiene que el delito de concierto para delinquir agravado es de carácter permanente y que su presunta actividad ilícita cesó en 2003, coincidiendo con el fin del Bloque Metro y la firma del acuerdo de Santa Fe de Ralito. Con base en esto, los abogados argumentaron que corresponde a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, y no a la Fiscalía, tramitar la investigación, citando los artículos 174, 175, 178, 235 y 241, numeral 11 de la Constitución. El representante Carlos Alberto Cuenca explicó que, atendiendo al carácter permanente del concierto para delinquir agravado y al momento en que habría cesado la actividad delictiva para el año 2003, existiría una razón objetiva para que la comisión asuma conocimiento.
Críticas de impunidad
La decisión ha generado un fuerte rechazo por parte de la víctimas y sus representantes. El abogado Miguel Ángel del Río, quien representa a los familiares de las víctimas, calificó la maniobra como un ejercicio de impunidad. En sus declaraciones, Del Río afirmó que enviar el expediente del señor Uribe Vélez por la masacre de El Aro, La Granja y el asesinato de Jesús María Valle a la comisión de acusación de la Cámara es un ejercicio de impunidad. El jurista sostiene que la solicitud de la defensa busca dilatar el proceso y evitar que el expresidente enfrente a la justicia ordinaria, que ha avanzado en la investigación de estos crímenes cometidos entre 1996 y 1998, cuando Uribe era gobernador de Antioquia.
«Enviar el expediente del señor Uribe Vélez por la masacre del Aro, la Granja y el asesinato de Jesús María Valle a la comisión de acusación de la Cámara es un ejercicio de impunidad».
Miguel Ángel del Río, abogado
El caso, que se tramita bajo la Ley 600 de 2000, se encuentra actualmente en la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Si la fiscal delegada no accede al traslado voluntario, el conflicto de competencias será resuelto por la Sala Plena de la Corte Constitucional, que deberá determinar qué organismo es el competente para investigar al exmandatario. Mientras tanto, la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que ya ha enfrentado controversias por otros procesos contra Uribe, como el de presunto fraude procesal y soborno, continúa adelante con su estrategia para asumir un caso que, para muchos, representa un capítulo oscuro de la historia reciente de Colombia, marcado por las masacres de El Aro y La Granja en 1996 y 1997, y el asesinato de Jesús María Valle en febrero de 1998.
