Una polémica propuesta sacude el Concejo de Bogotá: el cabildante Andrés Barrios presentó al candidato presidencial Abelardo de la Espriella un ambicioso plan denominado «Bogotá Ciudad Milagro», que contempla, como una de sus diez decisiones prioritarias, la construcción de una mega cárcel de alta seguridad en la localidad de Sumapaz. La iniciativa, que busca atender la grave crisis de hacinamiento carcelario en la capital, ha generado un fuerte rechazo entre otros concejales, quienes la califican como ambiental y jurídicamente inviable por pretender ubicarse en el páramo más grande del mundo.
El proyecto fue entregado por Barrios a De la Espriella, quien según el concejal recibió el respaldo de 1.543.517 bogotanos. La mega cárcel propuesta incluiría trabajo obligatorio para los internos, aislamiento de cabecillas criminales y procesos de recuperación ambiental, bajo la premisa de que las personas privadas de la libertad participen en programas de limpieza del espacio público y restauración de parques. «Más de 1.543.517 bogotanos respaldaron a Abelardo de la Espriella y por eso le entregué una propuesta concreta para que Bogotá se convierta en la primera Ciudad Milagro del país», afirmó Barrios al justificar la medida, que busca atacar el origen del 32% de las extorsiones denunciadas en Colombia, que se originan desde centros penitenciarios de la ciudad, donde actualmente 16.000 personas están recluidas en cupos diseñados para 10.000.
Sin embargo, la respuesta de otros concejales no se hizo esperar. Quena Ribadeneira, del Pacto Histórico, cuestionó airadamente la pertinencia de la propuesta para una localidad que carece de infraestructura básica: «Estamos hablando del páramo más grande del mundo. El consejo hace unos meses estuvo en pleno, viendo todas las problemáticas que tiene esta localidad en términos de tecnología, de acceso, de educación, de salud, ¿y la respuesta es una mega cárcel?». La cabildante fue categórica al señalar que «definitivamente no se puede hacer ni ambientalmente ni jurídicamente».
«Construir una mega cárcel en Sumapaz es una propuesta inviable, peligrosa e improvisada que confunde la seguridad con la destrucción del complejo de páramos más grande del mundo»
Óscar Bastidas Jacanamijoy, concejal del movimiento Mais
Julián Sastoque, del Partido Verde, coincidió en que la ciudad necesita más cárceles para combatir la impunidad y fortalecer el sistema carcelario, pero afirmó que la solución debe pasar por «más tecnología, más vigilancia, pero de ninguna manera en el páramo de Sumapaz». Óscar Bastidas Jacanamijoy, del movimiento Mais, fue aún más enfático al tildar la propuesta de «inviable, peligrosa e improvisada» y alertó sobre el populismo punitivo: «El populismo punitivo no puede ser la excusa para desconocer el POT y afectar un suelo de especial protección». El concejal también destacó la paradoja de querer enviar una cárcel a Sumapaz cuando la localidad carece de vías, conectividad y servicios públicos: «¿A Sumapaz no le llevamos infraestructura vial, educativa y mayores oportunidades para sus habitantes, pero sí pretendemos llevarle una cárcel? Eso significaría estigmatizar un territorio de paz, de vocación agrícola y de enorme importancia ambiental para el país».
Sumapaz, el páramo más extenso del planeta, es un ecosistema estratégico para el abastecimiento de agua de Bogotá y goza de una protección especial por ley nacional, lo que hace jurídicamente inviable la construcción de una infraestructura penitenciaria de gran escala en sus suelos. Los concejales opositores han propuesto en su lugar construir centros carcelarios en zonas de la sabana con condiciones adecuadas de infraestructura y conectividad. La hoja de ruta «Bogotá Ciudad Milagro» incluye además otras medidas como un plan contra la evasión en Transmilenio, la eliminación de zonas de tolerancia y la transformación del complejo San Juan de Dios, y será socializada con sectores ciudadanos, académicos y empresariales, aunque el debate por la mega cárcel en Sumapaz promete escalar en medio de la creciente crisis de hacinamiento y reincidencia, que pasó del 16,4% en 2016 al 23,4% en 2025.
