La concejala de Medellín Claudia Carrasquilla, exfiscal de la República, denunció este jueves que el Gobierno nacional incurrió en una falsedad al anunciar el traslado de dos presos implicados en la escandalosa fiesta realizada el 8 de abril en la cárcel La Paz de Itagüí. Según la concejala, alias Alex Mentiras y alias Jonás, los dos individuos señalados por el Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, como trasladados, nunca estuvieron recluidos en ese centro penitenciario y fueron capturados después del evento, el 22 de abril, en operativos de la Sijín y un fiscal especializado en Antioquia. La denuncia, publicada en su cuenta de X, incluye un video en el que desmiente directamente al comisionado y acusa al Ejecutivo de “maquillar” la realidad para justificar la continuidad de las negociaciones de Paz Urbana.
El escándalo estalló cuando se conoció que el 8 de abril de 2025 se celebró una fiesta dentro de la cárcel La Paz con la presencia de voceros de estructuras armadas que adelantan diálogos de paz con el Estado colombiano. El evento, que contó con la presentación del cantante Nelson Velásquez, generó una ola de críticas a nivel nacional y llevó al presidente Gustavo Petro a ordenar el traslado de los condenados que participaron. Sin embargo, la oficina de Otty Patiño anunció que tres presos serían trasladados, pero Carrasquilla reveló que solo uno de ellos, alias Pocho, fue efectivamente movido a la cárcel La Dorada, y que este no había estado en la fiesta. “Mandaron al más bobo de todos, conocido con el alias de Pocho”, afirmó la concejala, quien insistió en que el Gobierno protege a los cabecillas de las mesas de diálogo y evita tomar decisiones que afecten el proceso.
Las pruebas de la concejala
Carrasquilla, quien denunció inicialmente la fiesta, detalló que los dos presos mencionados por Patiño fueron capturados el 22 de abril, es decir, dos semanas después del evento. “Usted salió a decir que ya trasladaron a alias Alex Mentiras y alias Jonás por la parranda criminal en la cárcel de Itagüí del 8 de abril. ¡FALSO! Esos dos bandidos que yo alguna vez capturé en 2016 cuando fui fiscal, fueron capturados el 22 de abril de este año por la Sijín y un fiscal especializado de Medellín en operativos realizados en Antioquia. Un juez les dictó medida de aseguramiento y por eso terminaron en la cárcel de La Dorada… nunca estuvieron en el centro penitenciario La Paz”, sostuvo la concejala, que además recordó que ella misma había capturado a estos hombres en marzo de 2016. La denuncia apunta a un presunto acuerdo entre cabecillas criminales y el Gobierno nacional para impedir el traslado de los verdaderos responsables de la fiesta.
“Yo los capturé siendo fiscal en marzo de 2016… Para que vos vengas a decir que estuvieron en la parranda, y ahí es donde te tengo que decir mentiroso”
Claudia Carrasquilla, concejala de Medellín
Ante la controversia, el presidente Gustavo Petro defendió la continuidad del proceso de Paz Urbana argumentando que ha permitido reducir la tasa de homicidios en Medellín a niveles inferiores a los de Bogotá y la mayoría de capitales colombianas. “Es el proceso de paz de bandas de Medellín lo que ha permitido bajar la tasa de homicidios de la ciudad a nivel mejor que el de Bogotá y la mayoría de capitales de Colombia”, declaró el mandatario, quien también advirtió que cualquier intento de sabotaje a los diálogos solo aumentaría la violencia. “El intento de quitarle la competencia del presidente como rector constitucional del orden público para sabotear procesos de paz en curso solo traería como consecuencia elevar la violencia en Medellín. En la violencia solo crece el narcotráfico y la sociedad pierde. El sabotaje a los procesos de paz solo es un suicidio”, agregó.
La concejala Carrasquilla, por su parte, insiste en que el Gobierno no ha tenido la voluntad de trasladar a los verdaderos responsables de la fiesta por temor a desestabilizar las negociaciones. Mientras tanto, el caso sigue generando indignación en la opinión pública y pone en tela de juicio la transparencia de los procesos de paz que adelanta el Ejecutivo con las bandas criminales de Medellín.
