En medio de la creciente presión económica que enfrenta la capital tras el reciente sismo y una crisis fiscal que ya se siente en los bolsillos de los ciudadanos, un grupo de concejales de Bogotá le solicitó formalmente al alcalde Carlos Fernando Galán retirar el proyecto de reforma tributaria distrital conocido como Acuerdo No. 724 de 2026. La iniciativa, que busca recaudar cerca de 1,2 billones de pesos adicionales anuales, impactaría a aproximadamente 870.000 predios al aumentar el impuesto predial, una medida que los cabildantes consideran inoportuna y lesiva para la ciudadanía. El concejal Samir Bedoya Piraquive, del partido Mira, fue quien entregó la carta al mandatario durante una plenaria del Concejo de Bogotá, respaldado por sus colegas Julián Uscátegui (Centro Democrático), Juan David Quintero, Heidy Sánchez (Pacto Histórico) y Julián Espinosa, quienes coincidieron en que la prioridad debe ser atender el impacto social y económico del terremoto antes de imponer nuevas cargas tributarias.
La reforma, que ya había sido retirada en 2025 y ahora se presenta como una versión ajustada, mantiene según los críticos la misma estructura de aumento del predial vinculado al alumbrado público, aunque la administración distrital argumenta que los recursos se destinarán a modernizar este servicio, así como al monitoreo urbano y obras inteligentes. Samir Bedoya fue enfático al señalar que “las circunstancias económicas y sociales ameritan que la administración evalúe nuevamente la conveniencia y la oportunidad de tramitar en este momento una iniciativa de esta naturaleza”, mientras que Julián Uscátegui resumió el sentir de varios sectores al afirmar que “los bogotanos no resisten un impuesto más”. La presión fiscal actual ya asciende a cerca de 1,7 billones de pesos, y según el concejal Juan David Quintero, el aumento del 23% en el salario mínimo ha puesto en riesgo aproximadamente un centenar de obras en ejecución, lo que agrava el panorama económico.
Un recaudo que golpea a sectores clave
El proyecto de acuerdo contempla una sobretasa al impuesto predial que varía según el tipo de inmueble. Para predios residenciales de estratos 4, 5 y 6, así como para aquellos de estratos 1, 2 y 3 con avalúos superiores a 20.000 UVT, la tarifa adicional es de 0,4 por mil. Los predios dotacionales y urbanizables no edificados enfrentan un 0,9 por mil, mientras que los comerciales, industriales y financieros deben pagar 1 por mil. Los valores anuales promedio estimados son de 133.051 pesos para estrato 4, 227.214 para estrato 5, 348.162 para estrato 6, 807.569 para el sector comercial, 1.672.343 para el industrial y 2.342.643 para el financiero, aunque se establecen topes máximos de 600 UVT por año para residenciales y 1.200 UVT para los demás. La distribución del recaudo, según las proyecciones, sería liderada por el sector comercial con un 60%, seguido del residencial con un 25%, dotacional con 7%, industrial con 5%, financiero con 1,2% y lotes con un 2%.
La concejala Heidy Sánchez, del Pacto Histórico, señaló que aunque la nueva versión elimina algunas propuestas polémicas de la anterior, “traslada nuevas cargas a la ciudadanía y mantiene beneficios para grandes capitales”, refiriéndose a la exención progresiva en el impuesto de Industria y Comercio (ICA) por 10 años para nuevas inversiones, lo que en su opinión favorece a capitales externos por encima del tejido empresarial local. Esta exención aplica para inversiones de al menos 88.073 UVT, equivalentes a unos 4.613 millones de pesos en activos fijos, y se suma a la tarifa máxima del predial del 13,9 por mil para inmuebles con avalúos superiores a 4.411 millones de pesos. Según Sánchez, estas cifras demuestran que la reforma no corrige el desequilibrio entre el peso fiscal sobre los ciudadanos comunes y los beneficios para grandes corporaciones.
«No podemos aprobar una reforma tributaria que se limite a poner más impuestos si no hay una reingeniería en cómo lo que ya tenemos se está gastando»
Juan David Quintero, concejal
Las exenciones y el riesgo para la inversión local
El proyecto mantiene además una tarifa preferencial para hogares campesinos y una exención del 50% por cuatro años para inmuebles del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) dedicados a la primera infancia, medidas que han sido valoradas de forma positiva. Sin embargo, la inclusión del sector financiero en la base del recaudo con la misma tarifa que comercio e industria, sin diferenciar su capacidad económica, ha generado críticas porque no se ajusta a la realidad de un sector con márgenes de ganancia más amplios. El concejal Julián Espinosa fue contundente al afirmar que “la Alcaldía corrigió algunos excesos de la reforma tributaria retirada, pero no cambia la estructura. No es la misma reforma palabra por palabra, pero mantiene el mismo corazón estructural de aumento a ciertos servicios”.
Frente a las alternativas propuestas, el concejal Julián Uscátegui planteó descuentos de hasta el 80% en intereses y sanciones para deudores del impuesto predial, una cifra muy superior al 50% que ofrece la administración distrital, como una forma de incentivar el pago voluntario sin necesidad de imponer nuevos tributos. Mientras tanto, la capital sigue atrayendo inversiones por 78,3 billones de pesos, con una proyección de 215.000 empleos en los próximos 10 años, según datos de Heidy Sánchez, lo que para algunos concejales demuestra que la ciudad tiene margen para optimizar su gasto sin recurrir a nuevas cargas sobre los contribuyentes que ya sienten el peso de la crisis sísmica y fiscal.
