En un paso significativo hacia la regulación de la movilidad digital, el Concejo de Bogotá promulgó el Acuerdo 1056 de 2026, una norma que establece reglas de seguridad y coordinación para los servicios intermediados por plataformas tecnológicas como Uber, DiDi y Cabify, sin modificar las condiciones del servicio de transporte. La iniciativa, impulsada por la concejal Cristina Calderón de la bancada del Nuevo Liberalismo y respaldada por los concejales ponentes Julián Uscátegui y Rúben Torrado, fue promulgada por el alcalde mayor Carlos Fernando Galán. El acuerdo busca articular a la Secretaría Distrital de Seguridad, las plataformas digitales, los conductores y los usuarios en una mesa permanente, creando un canal de comunicación 24/7, protocolos de respuesta rápida, botones de alerta o pánico conectados en tiempo real, herramientas de identificación y validación de conductores y usuarios, estrategias pedagógicas de autocuidado y seguridad digital, y lineamientos para la trazabilidad de los viajes con mecanismos tecnológicos de prevención del delito.
La decisión responde a una realidad contundente: en 2024, más de 21,5 millones de cuentas usaron plataformas de movilidad con vehículo particular en Colombia, de las cuales más de 7 millones corresponden a Bogotá. Asimismo, cerca de 6,9 millones de cuentas utilizaron aplicaciones para pedir taxi en el país, y alrededor de 1,7 millones en la capital. En total, 1,2 millones de cuentas de conductores y 186.000 de taxistas generaron ingresos a través de estas plataformas en Colombia durante el año pasado, con 627.000 y 113.000 cuentas respectivamente solo en Bogotá. La transformación del servicio es evidente: solo el 42% de los viajes en taxi en la ciudad se toman directamente en la calle, mientras que el 65% de los usuarios prefiere solicitarlos mediante aplicaciones digitales. Además, el 98% de los taxistas vinculados a plataformas acepta pagos digitales, y el 40% asegura que esas herramientas redujeron sus tiempos de espera.
Medidas concretas de seguridad
El Acuerdo 1056 no regula directamente la operación de las plataformas ni modifica las condiciones del servicio de transporte, sino que crea mecanismos de articulación institucional para prevenir y atender hechos de inseguridad. Entre las funcionalidades previstas, algunas ya son aplicadas de manera voluntaria por ciertas empresas, como botones de alerta, trazabilidad de viajes y validación de identidad. La norma establece una mesa permanente entre la Secretaría Distrital de Seguridad, las plataformas, los conductores y los usuarios, así como un canal de comunicación continuo entre la administración distrital y las empresas tecnológicas para coordinar respuestas rápidas ante incidentes.
José Daniel López, presidente ejecutivo de Alianza In Colombia, gremio que agrupa a las principales plataformas de movilidad, destacó la relevancia de la medida en declaraciones ofrecidas a El Espectador. “Que sea nuevamente Bogotá, y nuevamente el Concejo Distrital, el escenario donde se reconoce institucionalmente a la industria de movilidad intermediada por aplicaciones, demuestra que las ciudades avanzan en comprender cómo se mueve hoy la ciudadanía”, afirmó. López añadió que “el país necesita avanzar hacia una regulación moderna, realista y centrada en los ciudadanos. Hoy millones de colombianos usan aplicaciones de movilidad todos los días, y miles de conductores encuentran en estas plataformas una fuente de ingresos y oportunidades económicas”.
“Esta es la segunda norma que se promulga en el país sobre la realidad irreversible de las plataformas digitales de movilidad. Bogotá se la está jugando por un enfoque realista y práctico para sacar lo mejor de las transformaciones que traen estos desarrollos tecnológicos”.
José Daniel López, presidente ejecutivo de Alianza In Colombia
La medida se convierte en la segunda norma vigente en Colombia que reconoce explícitamente el papel de las plataformas digitales de movilidad urbana. La primera, también en Bogotá, fue impulsada por el entonces concejal Juan Daniel Oviedo y las incorporó a discusiones sobre innovación, transformación digital y movilidad. El debate nacional sobre la legalidad y el alcance de estas aplicaciones sigue abierto, y López hizo un llamado para que otras ciudades adopten medidas de seguridad similares y pidió al gobierno nacional abrir el debate regulatorio. El gremio considera que esta norma puede convertirse en antecedente para una regulación más amplia en el país, en un contexto donde millones de ciudadanos y conductores dependen diariamente de estas plataformas para movilizarse y generar ingresos.
