En una histórica jornada legislativa, el Congreso de la República aprobó la «Ley por la Niñez y Adolescencia Libre», una norma que endurece drásticamente las penas contra el reclutamiento ilícito de menores. La iniciativa, impulsada por el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, y coordinada por la representante Ana Paola García, fue respaldada por 122 congresistas en su último debate y ahora deberá pasar a sanción presidencial para convertirse en ley. La medida busca responder a una realidad alarmante: Colombia es el único país del continente americano incluido en la lista de Naciones Unidas donde persiste el reclutamiento de menores vinculado al conflicto armado.
Con la nueva ley, quien reclute a un menor de edad enfrentará una pena de prisión de entre 40 y 50 años, un aumento significativo frente a los 13 años que se imponían hasta ahora. De igual forma, la instrumentalización de un menor para cometer cualquier delito pasará de una condena de 10 años a 45 años. Estas cifras, que buscan ser un disuasivo contundente, se presentan en un contexto crítico: la Defensoría del Pueblo registró 257 casos de reclutamiento en lo que va de 2025, de los cuales el 47% corresponden a menores indígenas. Además, el 62% de las víctimas son niños y el 38% niñas. Los departamentos más afectados son Cauca, con 93 casos; Antioquia, con 23; Chocó, con 22, y Valle del Cauca, con 10. Los grupos armados identificados como principales responsables son las disidencias de alias Iván Mordisco (47,1%), el ELN (11,7%) y el Ejército Gaitanista (8,2%).
Un flagelo que persiste pese a los esfuerzos
Las cifras históricas revelan la magnitud del problema: la Fiscalía registra casi 3.000 menores reclutados entre 2010 y 2025, mientras que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) documentó cerca de 20.000 casos entre 1996 y 2025. Este panorama llevó al Congreso a actuar con urgencia, aunque la decisión no estuvo exenta de controversia.
«Es la ley que incrementa las penas para quien recluta los menores. Hoy en Colombia estaban pagando solamente trece años. Con este proyecto de ley, que ya es ley de la República, van a pagar cincuenta años»
Julián López, presidente de la Cámara de Representantes
«Y ojo, el que instrumentalice un menor para cualquier delito, hoy solamente está pagando diez años y va a pasar a pagar cuarenta y cinco años»
Julián López, presidente de la Cámara de Representantes
La representante Ana Paola García, coordinadora ponente del proyecto, celebró la aprobación: «Hoy esta plenaria dio muestra de que la infancia es una prioridad para nosotros. Este proyecto aumenta las penas para quienes utilicen a los menores en fines ilícitos. Nuestra infancia no puede seguir siendo víctima de violencia, debe jugar en los parques e ir a las escuelas».
Sin embargo, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, expresó una postura crítica. En declaraciones de mayo de 2025, afirmó: «Definitivamente no se necesita el aumento de penas. La evidencia demuestra que el aumento de penas no conduce a la reducción. Es la justicia restaurativa la que da los mejores resultados en el mundo respecto de la prevención». Pese a esta visión divergente, la ley contempla también componentes preventivos: crea un observatorio y un sistema nacional de estadística sobre reclutamiento de menores para monitorear el delito, y ordena una política pública de prevención liderada por Rtvc —el sistema de medios públicos— y la Defensoría del Pueblo, con medidas dirigidas a los entornos digitales y plataformas virtuales. El Gobierno Nacional tendrá un año para implementar esta política.
Con la sanción presidencial como último paso, la «Ley por la Niñez y Adolescencia Libre» se perfila como una herramienta clave en la lucha contra uno de los crímenes más atroces que afecta a la infancia colombiana. La pregunta que queda en el aire es si el endurecimiento de las condenas logrará, por sí solo, frenar el reclutamiento, o si será necesario combinar la mano dura con estrategias restaurativas como las que propone la Defensoría.
