En una reunión llevada a cabo en Barranquilla, el Congreso de la República, a través de sus Comisiones Económicas, rechazó categóricamente la propuesta del Gobierno nacional de incluir el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a productos de la canasta familiar dentro de la Ley de Rescate Fiscal. El encuentro, que buscaba conciliar las posturas entre el Ejecutivo y el Legislativo para destrabar el proyecto presentado con mensaje de urgencia, puso de manifiesto la falta de ambiente político para cualquier medida que pueda elevar el costo de vida de los colombianos.
Las diferencias entre las partes son sustanciales, especialmente en lo que respecta a las metas de recaudo. Mientras el Gobierno proyecta una cifra cercana a los 80 billones de pesos con los cambios tributarios propuestos —que incluían la ampliación del IVA, ajustes en el impuesto de renta y nuevos gravámenes sectoriales—, el Congreso estima que el recaudo viable oscila entre los 15 y 20 billones de pesos. Esta enorme brecha anticipa una negociación que, inevitablemente, reducirá el alcance inicial de la ley. El senador Eduardo Enríquez, de la Alianza Verde, fue contundente al señalar que “devolver el impuesto tendría obstáculos operativos y el monto de recaudo contemplado por el Gobierno exigiría medidas de gran alcance”, poniendo en duda la viabilidad de la estrategia fiscal del Ejecutivo.
La oposición del Congreso a los nuevos impuestos
El rechazo del Legislativo no se limitó al IVA en los alimentos. La oposición se extendió a varios frentes, incluyendo el gravamen a internet para estratos 1, 2 y 3, la medicina prepagada, los vehículos híbridos —que enfrentaban un IVA del 19%—, los dispositivos electrónicos, los bienes turísticos y las energías renovables. Asimismo, se descartaron el aumento de los aportes parafiscales y el impuesto a licores y cervezas, debido al alto riesgo de fomentar el contrabando. La representante a la Cámara por el Centro Democrático, Hilda Gutiérrez, resumió la postura de su bancada al afirmar: “Sí a reducir el gasto público, no a gravar con IVA productos esenciales de la canasta familiar”.
Frente a la propuesta gubernamental, el Centro Democrático presentó una alternativa que incluye medidas como la venta de la participación de Ecopetrol, priorizando al sector solidario y a los inversionistas institucionales, una iniciativa que ya fue rechazada por la Unión Sindical Obrera (USO). El sindicato recordó que la empresa estatal ha aportado 180 billones de pesos a la Nación en los últimos cuatro años a través de impuestos, regalías y dividendos. En materia tributaria, la misma colectividad sugirió reducir la tarifa de los dividendos del 20% al 10%, bajar las ganancias ocasionales del 15% al 10% y disminuir la renta de nuevas exportaciones del 35% al 15%, al tiempo que propone eliminar para 2027 impuestos como el 4 por 1.000, el de bebidas azucaradas, ultraprocesadas, timbre, gasolina, carbono y bolsas plásticas.
“Devolver el impuesto tendría obstáculos operativos y el monto de recaudo contemplado por el Gobierno exigiría medidas de gran alcance”
Eduardo Enríquez, Senador de la Alianza Verde
Como resultado del encuentro en Barranquilla, se acordó la instalación de mesas técnicas de negociación que iniciarán sus trabajos esta misma semana. Estos espacios revisarán a fondo temas clave como el IVA a los alimentos, los aportes a salud, los impuestos a licores, la declaración de renta, la tributación de internet y dispositivos, y las medidas de austeridad del Estado, buscando un punto de encuentro entre las partes. Con las sesiones ordinarias del Congreso finalizando el próximo 17 de diciembre, el Gobierno nacional conserva la opción de convocar a sesiones extraordinarias para no dejar morir el proyecto de ley, en medio de una de las discusiones fiscales más complejas de los últimos años.
