El Consejo de Estado negó la solicitud de suspender el salario y las prestaciones sociales del exrepresentante a la Cámara y senador electo Wadith Manzur, al considerar que la medida cautelar carecía de objeto, pues la Corte Suprema de Justicia ya lo había suspendido del cargo el 11 de marzo de 2026. El alto tribunal determinó que la suspensión penal ya protegía la moralidad pública y el erario, y que no se aportó prueba de que dicha medida hubiera sido levantada. Manzur, del Partido Conservador y electo senador por Córdoba para el período 2026-2030, está vinculado al entramado de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (Ungrd).
El accionante buscaba no solo el congelamiento de la remuneración, sino también que se declarara una inhabilidad permanente contra el congresista. Sin embargo, los magistrados del Consejo de Estado explicaron que la suspensión penal ya cumplía con el propósito de proteger la moralidad pública y las arcas del Estado, y que no se presentaron pruebas que indicaran que esa medida hubiese sido levantada. De esta forma, la petición perdió vigencia al haberse adelantado la decisión judicial en la vía penal.
El aumento patrimonial bajo la lupa
El patrimonio de Wadith Manzur ha sido uno de los focos de atención en el proceso. Según su declaración de 2023, reportó un patrimonio bruto de 4.139 millones de pesos, con deudas por 940 millones, lo que arroja un patrimonio líquido de 3.198 millones de pesos. El dato más relevante es el incremento registrado entre 2021 y 2023: 1.894 millones de pesos, es decir, casi duplicó su fortuna en apenas dos años. Además, figura como propietario de 47 inmuebles en el departamento de Córdoba: cuatro en Montería y 43 en el municipio de Cereté.
Manzur es señalado por la Fiscalía como uno de los voceros de un grupo de congresistas que condicionó su apoyo legislativo a la obtención de contratos y obras financiadas por la Ungrd. La exasesora del Ministerio de Hacienda María Alejandra Benavides declaró ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema que, en calidad de presidente de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, Manzur pedía cupos indicativos y contratos a cambio de garantizar votos, actuando como vocero de otros legisladores. Este esquema de compra de votos en el Congreso, a cambio de beneficios económicos y cargos, fue el que llevó a la Corte Suprema a ordenar su captura en marzo de 2026.
«La medida cautelar que se pide dentro del presente trámite de pérdida de investidura carece de objeto, puesto que con ella se busca evitar que el congresista ejerza el empleo y devengue salarios y prestaciones sociales para salvar la moralidad pública y el erario, pero tales aspectos el juez penal ya los protegió con la providencia del 11 de marzo de 2026 en la que dispuso suspenderlo de su cargo. Además, no se aportó prueba que permitiera determinar que la medida de aseguramiento y la suspensión ya fue levantada».
Consejo de Estado, fallo
En el expediente también se menciona la denominada «sesión más eficiente» de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, donde se aprobaron seis de nueve operaciones de crédito con una rapidez inusual, lo que llamó la atención de los investigadores. Desde la cárcel, los exdirectivos de la Ungrd Olmedo López y Sneyder Pinilla detallaron una presunta entrega de dinero a legisladores. Pese a los señalamientos, Manzur fue elegido senador el 8 de marzo de 2026 para el período 2026-2030. Su defensa ha negado que haya presionado para direccionar contratos, aunque las evidencias recogidas por la Corte Suprema y la Fiscalía continúan robusteciendo la investigación en su contra.
