Durante un panel en el Congreso de la Andi, celebrado en Cartagena, los presidentes de las altas cortes del país se pronunciaron sobre los retos que enfrenta la Rama Judicial en el marco del arranque del gobierno de Abelardo de la Espriella. La principal expectativa se centra en la avalancha de demandas que podrían generarse contra los numerosos decretos anunciados por el nuevo Ejecutivo, un tema que fue abordado de manera directa por el presidente del Consejo de Estado, Alberto Montaña.
Montaña afirmó que la expedición de una gran cantidad de decretos no constituye, por sí misma, una vulneración al Estado de derecho. Según explicó, la clave reside en que las decisiones del Ejecutivo estén enmarcadas dentro de la Constitución y la ley. «Entonces, no necesariamente la cantidad supone una afectación a un Estado de derecho. Lo importante es que estén enmarcados en la Constitución y la ley, si no tienen esa fuerza material de ley», sostuvo el magistrado. No obstante, advirtió que si existe una «evidente contradicción con la ley», el ordenamiento jurídico ya contempla un mecanismo expedito: la suspensión provisional.
División de competencias y perspectivas
El presidente del Consejo de Estado detalló que su corporación es la encargada de revisar la constitucionalidad y legalidad de los decretos que carecen de fuerza material de ley. En caso de que los decretos sí posean esa fuerza, la competencia para su revisión recae automáticamente en la Corte Constitucional, lo que establece una clara división de funciones en el sistema de control judicial.
La presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses, puso el acento en otro de los grandes desafíos del sistema judicial: la congestión de tutelas. Meneses reveló que el marcado incremento en el número de acciones de tutela, especialmente por conflictos relacionados con el sistema de salud, evidencia una problemática estructural que requiere medidas de fondo. «El número tan grande de tutelas lo que está mostrando es la necesidad de abordar este problema con medidas de fondo y estructurales», declaró. Como parte de los esfuerzos para ponerse al día, la Corte activó un plan de choque que se ha fijado como meta alcanzar la normalización del trámite de tutelas para febrero de 2028. Además, pidió apoyo al Consejo Superior de la Judicatura e informó sobre la implementación de los programas «Diálogos Constitucionales» y «Guardianes de la Constitución», iniciativas orientadas a acercar la democracia a los niños.
«Cada vez hay casos más complejos, pero la justicia viene actuando»
Iván Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema de Justicia
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, se refirió a los avances en la lucha contra la corrupción. Destacó los progresos en el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), donde ya se han registrado imputaciones, condenas, allanamientos, preacuerdos y principios de oportunidad. Lenis advirtió, sin embargo, que la corrupción ha perfeccionado sus mecanismos para eludir los controles, lo que hace imperativo fortalecer las instituciones de persecución penal. En un contexto de creciente complejidad de los casos que llegan a los tribunales, el magistrado concluyó que «cada vez hay casos más complejos, pero la justicia viene actuando».
