El Consejo Gremial Nacional y el Partido Conservador radicaron en la Cámara de Representantes un proyecto de ley que busca crear un Régimen Especial de Estabilidad y Protección de Inversiones, el cual blindaría durante hasta 30 años las reglas tributarias, aduaneras y regulatorias para grandes proyectos. La iniciativa, presentada por Natalia Gutiérrez Jaramillo, presidenta del Consejo Gremial Nacional, y Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, inicia su trámite en el Congreso y deberá superar cuatro debates para convertirse en ley.
El proyecto obligaría a precisar las disposiciones determinantes para la inversión al momento de admitir un proyecto, y si estas cambian, el inversionista podría solicitar el restablecimiento de las condiciones originales o una reparación. El trámite se realizaría a través de una ventanilla única en el Ministerio de Comercio, con un plazo de 60 días hábiles para responder, aplicando el silencio administrativo positivo. La medida responde al retroceso de la inversión extranjera directa en Colombia y busca brindar seguridad jurídica y previsibilidad para atraer capital privado de largo plazo.
Natalia Gutiérrez Jaramillo destacó que «este es un paso importante para fortalecer la confianza inversionista, brindar seguridad jurídica y promover proyectos estratégicos que impulsen el desarrollo y la competitividad del país». En sus declaraciones, también señaló que «Colombia ha perdido inversión porque no ofrece reglas estables. Este proyecto garantiza que las reglas con las que se decide una gran inversión se respeten durante 30 años. Estabilidad no es inmovilidad: el Estado sigue regulando, pero respeta las reglas con las que se decidió invertir».
Por su parte, Efraín Cepeda afirmó que «la seguridad jurídica que terminó en el gobierno anterior en el 2022. Entonces darles garantías, quitar esa incertidumbre que existió y lo que queremos es que venga un sector privado a generar empleos de calidad, a generar recursos para el fisco». La iniciativa se inspira en referencias regionales como los convenios de estabilidad jurídica de Perú y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones de Argentina (Rigi).
De acuerdo con los datos presentados por los promotores, la inversión extranjera directa pasó de 7.182 millones de dólares en 2022 a 11.469 millones en 2025, aunque los textos del Consejo Gremial sitúan la reducción entre el 33% y el 33,2%. Además, Natalia Gutiérrez advirtió sobre una caída adicional del 12% en el primer semestre de 2026. La inversión como porcentaje del PIB cayó del 21,4% en 2019 al 16,7% en 2025, lo que equivale a 87 billones de pesos anuales de inversión no recuperada y un recaudo potencial de 13 billones de pesos al año, según cálculos del Consejo Gremial. El acceso al régimen no tendría costo y está dirigido a proyectos que superen los 300.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a cerca de 525.000 millones de pesos en 2026, con un plazo de ejecución de hasta ocho años y posibilidad de prórroga de hasta cuatro años adicionales.
Detalles del régimen de estabilidad
El proyecto establece que las normas laborales, ambientales, sanitarias, de salud y de orden público quedarán excluidas de la estabilidad, por lo que no se congela la legislación ni se garantizan rentabilidades. Tampoco sustituye licencias, autorizaciones o permisos preexistentes. Las causales de pérdida del beneficio incluyen fraude, corrupción o incumplimiento de la ejecución de la inversión. Como mecanismos de seguimiento, se creará un registro público de proyectos admitidos y se presentará un informe anual al Congreso.
Reacciones y trámite legislativo
La radicación del proyecto coincide con el debate sobre la Ley de Rescate Económico y el presupuesto de regalías, y busca complementar al Régimen Unificado de Garantías e Incentivos (Ruge) de la Ley de Rescate Fiscal. La iniciativa ahora inicia su recorrido en el Congreso, donde deberá superar cuatro debates para ser aprobada.
«Este es un paso importante para fortalecer la confianza inversionista, brindar seguridad jurídica y promover proyectos estratégicos que impulsen el desarrollo y la competitividad del país»
Natalia Gutiérrez Jaramillo, presidenta del Consejo Gremial Nacional
La propuesta ha generado expectativas en el sector privado, que ve en este régimen una herramienta para recuperar la confianza y atraer inversiones de largo plazo. Mientras tanto, el Gobierno y el Congreso deberán definir los alcances de esta iniciativa en un contexto de incertidumbre económica y necesidad de reactivación.
