Un escándalo de corrupción sacude a la administración de Medellín. El alcalde Federico Gutiérrez denunció que un contratista de la Secretaría de Hacienda adulteró información sobre las deudas de al menos diez empresas con el Distrito, cuyo monto supera los 1.218 millones de pesos. El presunto responsable fue identificado como Daniel Rojas, un exempleado que prestaba servicios desde 2012 y que, según el mandatario, confesó los hechos tras ser descubierto por una investigación interna.
El caso salió a la luz en los últimos ocho días, cuando desde la misma Alcaldía se activaron las alertas por irregularidades en el Sistema de Aplicación de Productos (SAP), una herramienta clave para la gestión de la cartera del Distrito. Según detalló el alcalde, el contratista manipulaba los registros de las deudas tributarias de diez contribuyentes del impuesto de Industria y Comercio, ocultando sus obligaciones en las consultas habituales. La investigación fue liderada por el secretario de Hacienda, Orlando Uribe, quien logró que el implicado confesara el modus operandi. “A este señor no le quedó de otra que confesarlo todo”, afirmó Gutiérrez en su cuenta de X.
Al menos 42 certificados irregulares y un detrimento evitado
La manipulación de la información permitió que se expidieran 42 certificados de «estar al día» a nueve de los contribuyentes investigados. Estos documentos, que habilitaban a las empresas para acceder a créditos, financiación y otras operaciones comerciales, fueron emitidos de manera fraudulenta para que los deudores morosos del Distrito pudieran aparecer temporalmente sin obligaciones en cobro. Así lo explicó el ciudadano Daniel Salazar, reconocido por denunciar presuntos actos de corrupción durante la administración del exalcalde Daniel Quintero, quien agregó que la red de corrupción requería preguntas urgentes: “Medellín necesita respuestas: ¿quién autorizaba, quién supervisaba y quién se beneficiaba? ¿Si habían alertas internas porque los superiores no tomaron medidas correctivas?”.
Pese a la gravedad del caso, la Alcaldía logró revertir los registros en el SAP, evitando así un detrimento patrimonial. Además de desvincular al contratista, la administración municipal instaurará una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, a la que entregará registros, trazabilidades informáticas, informes forenses y otros elementos probatorios. También se hará seguimiento a las diez empresas involucradas para que respondan ante las autoridades. El alcalde Gutiérrez fue contundente en su mensaje: “Lo advertí desde el principio de nuestra Alcaldía. Corrupto que descubramos, va para afuera, yo mismo lo echo y lo denuncio ante la Fiscalía. Y que vaya a la cárcel”.
