El Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia expresó un rotundo rechazo al llamado “juicio revolucionario” impulsado por el ELN contra los funcionarios del CTI Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo López Estrada, así como al asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, director del medio El Confidente, ocurrido en la vereda Palmichal del municipio de Briceño, en el norte de Antioquia. Los secuestros de los funcionarios se iniciaron desde el 8 de mayo de 2025, cuando el ELN los sometió a una supuesta “prisión revolucionaria” sin ningún respaldo legal, mientras que Pérez Rueda desapareció el pasado martes y su cuerpo sin vida fue hallado cuatro días después gracias a una misión humanitaria liderada por la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja y la Iglesia Católica.
Estas acciones del ELN representan una grave vulneración de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, al atribuirse funciones judiciales que corresponden exclusivamente al Estado colombiano, y constituyen una amenaza directa a la libertad de prensa, especialmente porque Mateo Pérez, de 24 años y estudiante de Ciencia Política en la Universidad Nacional sede Medellín, investigaba temas de orden público en zonas controladas por grupos armados ilegales.
Rechazo generalizado y exigencia de liberación inmediata
El Consejo Nacional de Paz ha condenado enérgicamente estas prácticas, que no solo afectan a servidores públicos y civiles, sino que también generan un amplio repudio del gobierno y diversas organizaciones, representando un retroceso significativo en los procesos de diálogos de paz. El cuerpo del joven periodista fue entregado por Medicina Legal de Medellín y sus velación y exequias se llevarán a cabo en Yarumal, en la Basílica Nuestra Señora de las Mercedes y el Cementerio El Carmen.
“Ningún grupo armado ilegal puede atribuirse funciones de administración de justicia ni someter a civiles o servidores públicos a procedimientos por fuera del marco constitucional y legal colombiano”
Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia
En su pronunciamiento, el Consejo exige la liberación inmediata de los secuestrados y un mayor protección para periodistas y líderes sociales en regiones de conflicto, subrayando que tales actos ilegales socavan cualquier posibilidad de convivencia pacífica en el país.
