En Buenaventura, puerto principal del Valle del Cauca, han surgido graves denuncias de explotación sexual, reclutamiento forzado de niñas y violencia extrema contra mujeres perpetradas por las bandas criminales Shottas, Espartanos y Los Chiquillos, justo en medio de los diálogos de paz con el Gobierno Nacional. Estas acusaciones, conocidas desde 2023, fueron reveladas públicamente durante la firma de un acuerdo para erradicar las violencias contra mujeres, niñas y adolescentes. Fabio Cardozo, jefe de la delegación gubernamental en la mesa sociojurídica de paz urbana, Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, y Ani Banguero, lideresa comunitaria, alzaron la voz en la mesa y ante los medios para visibilizar estos abusos en el contexto del conflicto armado urbano.
Los señalamientos emergieron en la mesa de diálogos iniciados en 2023 entre el Gobierno y estas estructuras criminales, con el objetivo de reducir la violencia en el territorio. Lideresas comunitarias que han denunciado estos hechos por años participaron en la construcción del acuerdo, que busca poner fin a la instrumentalización de las jóvenes por parte de las bandas. Dos de las estructuras ya enviaron comunicados de compromiso con el pacto, mientras se espera el tercero, aunque la gobernadora Toro enfatizó la necesidad de mecanismos de verificación para garantizar su cumplimiento.
Voces que denuncian la esclavitud sexual y los feminicidios
Fabio Cardozo describió con crudeza las atrocidades reportadas, destacando cómo las niñas son víctimas de esclavitud sexual y reclutamiento forzado. Ani Banguero, por su parte, vinculó los recientes feminicidios en Buenaventura directamente al conflicto entre Shottas y Espartanos, subrayando el impacto desproporcionado en las mujeres. La gobernadora Toro detalló cómo las bandas ofrecen recursos a las muchachas para luego obligarlas a unirse, configurando un claro abuso sexual.
“Tenemos incluso nosotros denuncias de niñas que se llevan un fin de semana, eso se llama esclavitud sexual, de niñas que reclutan a la fuerza en las bandas, que las ponen a ser bandados, que tal cosa, o que las violentan directa y físicamente hasta perder la vida.”
Fabio Cardozo, jefe de la delegación del Gobierno Nacional en la mesa de diálogos
“Instrumentalizan a las muchachas, les ofrecen recursos, pero además se las llevan, y pues ellas les toca ir, entonces esto prácticamente es un abuso sexual que hacen de estas niñas.”
Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca
“Que las mujeres han sido muy afectadas en todo este conflicto que tiene que ver entre Shottas y Espartanos. Comenzamos a observar que los últimos feminicidios en Buenaventura tenían que ver de una u otra manera con esta estructura.”
Ani Banguero, lideresa comunitaria
La gobernadora Toro insistió en la urgencia de acciones concretas, recordando que el delegado de la mesa ya pactó con las bandas para detener estas prácticas, pero alertó sobre la falta de cumplimiento en acuerdos previos. “Es una denuncia que se ha presentado en Buenaventura y, por eso, el Delegado de la Mesa Socio Jurídica creada por el Gobierno nacional hizo un pacto con estas bandas para lograr que esto no se siga presentando. Estamos pidiendo un mecanismo de verificación porque muchas veces se hacen los pactos, pero no se cumplen”, afirmó. Finalmente, reiteró el objetivo central: “Lo que nosotros queremos es que no haya más niñas ni más jóvenes instrumentalizadas por las bandas criminales”. Este acuerdo representa un paso clave en los esfuerzos por la paz urbana, aunque persisten las dudas sobre su implementación efectiva en un territorio marcado por décadas de violencia.
