La Contraloría General de la República encendió las alarmas sobre el sistema de salud del magisterio colombiano al revelar un posible daño al patrimonio público superior a los 694.000 millones de pesos. El anuncio se realizó durante un debate de control político, donde el organismo de control presentó un balance de 33 hallazgos fiscales identificados en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) en los últimos cuatro años, todos relacionados con presuntas irregularidades en la administración de los recursos destinados a la atención de docentes y sus beneficiarios.
La advertencia oficial se sustenta en una serie de pagos indebidos que ascienden a 255.000 millones de pesos, así como en intereses moratorios calculados en 116.000 millones de pesos, sumas que, según el ente de control, podrían configurar un detrimento patrimonial significativo. A esto se suman retrasos en las obligaciones con los prestadores de servicios médicos, una situación que, de consolidarse, afectaría la sostenibilidad financiera del fondo y, en última instancia, la continuidad de la atención sanitaria para cerca de un millón de afiliados entre docentes activos, pensionados y sus familias.
Un presupuesto que se triplicó en cuatro años
El crecimiento exponencial del presupuesto del FOMAG es uno de los factores que ha llamado la atención de la Contraloría. En 2022, el fondo contaba con una apropiación de 2,1 billones de pesos, mientras que para 2025 la cifra se disparó hasta cerca de 5 billones de pesos. Este incremento del 138% en solo tres años no ha ido acompañado, según el organismo de control, de una mejora proporcional en la eficiencia administrativa. De hecho, a agosto de 2026, la apropiación presupuestal acumulada alcanzaba los 4,9 billones de pesos, de los cuales se habían generado obligaciones por 3,8 billones y pagado efectivamente 3,2 billones, lo que representa una ejecución del 79%. En el renglón específico de contratos de servicios médicos, la ejecución llega al 89%, con una apropiación de 3,8 billones y obligaciones por 3,4 billones.
Pese a ese alto porcentaje de ejecución, el monto pendiente de pago en los contratos médicos asciende a 422.000 millones de pesos, una cifra que la Contraloría considera crítica. Según las proyecciones del ente de control, los recursos disponibles para el FOMAG alcanzarían apenas hasta noviembre de 2026, lo que plantea un riesgo inminente de desabastecimiento financiero si no se toman medidas correctivas. Los retrasos en los pagos, además, generan un efecto dominó: cada día de mora incrementa la deuda por concepto de intereses, retroalimentando el posible daño fiscal ya identificado.
Hallazgos que aún deben surtir trámite
Es importante aclarar que los 33 hallazgos fiscales presentados por la Contraloría no constituyen una sentencia definitiva. Cada uno de ellos debe continuar su trámite administrativo y legal para establecer responsabilidades individuales y, en caso de confirmarse, consolidar el detrimento patrimonial. No obstante, la magnitud de las cifras —más de 694.000 millones de pesos en juego— ha puesto al FOMAG en el centro del debate público. El organismo de control insistió en la necesidad de asegurar la sostenibilidad financiera del fondo y advirtió que, sin una intervención oportuna, la prestación de los servicios de salud al magisterio podría verse comprometida en el corto plazo, incluso sin que se haya decretado una suspensión formal de los mismos.
