La Contraloría General de la República encendió las alarmas sobre el estado crítico de Air-e, la empresa de energía que opera en varios departamentos de la región Caribe, luego de casi dos años de intervención estatal. En un informe de advertencia divulgado recientemente, el ente de control señaló que esta medida no solo no ha logrado revertir la crisis, sino que ha provocado un aumento de los costos operativos, una reducción drástica del patrimonio y riesgos evidentes de insolvencia y deterioro de la infraestructura eléctrica. La Superintendencia de Servicios Públicos y el Fondo Empresarial también fueron puestos bajo la lupa por sus actuaciones durante este proceso.
Las cifras que respaldan esta advertencia son contundentes. El patrimonio de Air-e se desplomó de 2,2 billones de pesos a apenas 131.000 millones de pesos en un año, lo que representa una reducción superior al 90%. Al mismo tiempo, la cartera de la compañía supera los 6 billones de pesos, y más del 73% de ese monto corresponde a obligaciones con más de un año de antigüedad. Estos indicadores reflejan una situación financiera que, según la Contraloría, pone en riesgo no solo la viabilidad de la empresa, sino también la continuidad y calidad del servicio para millones de usuarios en la región.
Denuncias y falta de plan integral
El informe también recoge denuncias públicas sobre la creación de nuevos cargos administrativos, presuntos sobrecostos en compras y posibles prácticas de nepotismo durante el tiempo que lleva la intervención. Además, la Contraloría subraya que no se evidencia un plan integral para enfrentar la crisis financiera y operativa, lo que agrava la incertidumbre. Antes de la intervención, la compañía reportaba mejoras en la continuidad del servicio, pero la disminución de inversiones ha afectado los indicadores de calidad, aumentando tanto la frecuencia como la duración de las interrupciones eléctricas.
La Contraloría ya había emitido alertas previas sobre la situación financiera de Air-e, pero este nuevo informe eleva el tono de preocupación. El ente de control pide una vigilancia especial sobre las actuaciones de la Superintendencia de Servicios Públicos, el Fondo Empresarial y la misma Air-e, ante el riesgo de que se profundice la pérdida de recursos públicos y se deteriore aún más la infraestructura eléctrica del Caribe colombiano. La advertencia deja claro que, sin medidas urgentes y un rumbo claro, la intervención estatal podría terminar agravando la crisis que pretendía solucionar.
