La Contraloría General de la República emitió una función de advertencia el pasado 27 de julio de 2026 ante el notable incremento en la contratación pública registrado en las últimas semanas, tras el levantamiento de la Ley de Garantías. Según el más reciente informe de seguimiento a la contratación pública, se identificaron siete factores de riesgo que ponen en jaque el equilibrio fiscal y presupuestal del país. El organismo de control advirtió que la presión sobre la caja estatal, sumada a restricciones de financiación y un menor recaudo tributario, amenaza la sostenibilidad de las finanzas del Gobierno Nacional Central.
En apenas cuatro semanas se suscribieron 14.414 contratos por un valor aproximado de 4,55 billones de pesos, lo que representa un incremento del 22,5% frente al mismo periodo de hace cuatro años. La Contraloría destacó que más de 11.000 de esos contratos se realizaron bajo la modalidad de contratación directa, situación que encendió las alarmas del ente fiscalizador. La comunicación fue remitida al Ministerio de Hacienda y, por extensión, a todas las entidades del Gobierno Nacional Central, incluyendo a la Agencia Nacional de Tierras y al Ministerio del Interior.
Riesgos fiscales y recomendaciones preventivas
Entre los factores de riesgo identificados por la Contraloría se encuentran la insuficiente planeación financiera y presupuestal en contratos de alta cuantía, el crecimiento desmedido de la contratación directa, la concentración contractual y la dificultad para garantizar la efectividad del control fiscal. La concentración de recursos se observa especialmente en contratos de obra pública y prestación de servicios, sectores que demandan un seguimiento minucioso. El llamado del organismo es a que las entidades eviten asumir compromisos financieros sin contar con fuentes ciertas de financiación y disponibilidad efectiva de recursos.
«Adoptar decisiones de transferencias, asignaciones presupuestales y nuevos compromisos financieros sin una fuente cierta de financiación, disponibilidad efectiva de recursos y capacidad fiscal suficiente agrava los riesgos para el equilibrio fiscal nacional»
Comunicado de la Contraloría General de la República
Frente a este panorama, la Contraloría insistió en que la función de advertencia es de carácter preventivo, y busca evitar pérdidas de recursos públicos, afectaciones al patrimonio del Estado o eventuales responsabilidades disciplinarias y fiscales. El ente de control subrayó que la situación demanda un seguimiento permanente para verificar que las obligaciones asumidas correspondan a una adecuada planeación financiera y presupuestal, junto con la real capacidad de ejecución y supervisión. Las finanzas públicas del país enfrentan presiones adicionales por el incumplimiento en las metas de ingresos, la falta de ajuste al Presupuesto General y las crecientes necesidades de financiamiento, lo que hace aún más urgente una gestión rigurosa de los recursos estatales.
