La Contraloría General de la República, a través de su Policía Judicial de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) y la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari), ingresó este martes 28 de julio al Ministerio de Hacienda en Bogotá para realizar una inspección y recopilar información sobre un presunto aumento irregular en la contratación estatal tras el levantamiento de la Ley de Garantías. El procedimiento, enmarcado en las funciones constitucionales de control fiscal, se produce un día después de que la Contraloría emitiera una advertencia oficial al Gobierno nacional y al Ministerio de Hacienda, instando a decisiones presupuestales con prudencia y sostenibilidad.
Según el comunicado del ente de control, en las cuatro semanas posteriores al levantamiento de la restricción se suscribieron 14.414 contratos por un valor cercano a los 4,55 billones de pesos, lo que representa un incremento del 22,5 % en comparación con el mismo periodo de hace cuatro años. De ese total, más de 11.000 contratos fueron firmados de manera directa, un hecho que, según la Contraloría, «llama la atención». La alerta se enmarca en la detección de un posible desequilibrio en las cuentas públicas y riesgos fiscales que podrían comprometer la sostenibilidad del gasto.
En la advertencia oficial emitida el lunes 27 de julio, la Contraloría identificó siete factores de riesgo que, desde la perspectiva del control fiscal preventivo y concomitante, requieren seguimiento permanente. Entre los principales se destacan el riesgo por insuficiente planeación financiera y presupuestal de contratos de alta cuantía, el riesgo asociado al crecimiento de la contratación directa y concentración contractual, y el riesgo sobre la efectividad del control contractual.
Riesgos fiscales y entidades bajo observación
La inspección busca determinar si las decisiones de gasto y contratación cumplen con criterios de planeación y sostenibilidad fiscal. De persistir los riesgos detectados, se elevarían las necesidades de endeudamiento y se comprometería el patrimonio público. Entidades como la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Ministerio del Interior están bajo observación por su actividad contractual en este periodo. El país enfrenta además presiones de caja, atrasos en las reservas presupuestales y mayores necesidades de financiación, lo que hace aún más crítico el control sobre el uso de los recursos públicos.
«La Contraloría identificó que, luego de levantada la restricción de Ley de Garantías, se han suscrito 14.414 contratos por un valor cercano a $4,55 billones, lo que refleja un incremento del 22,5% de la contratación en comparación con el mismo periodo de tiempo hace cuatro años. Llama la atención la contratación directa que supera los 11 mil contratos en estas últimas cuatro semanas.»
Comunicado de la Contraloría General de la República
«La Función de Advertencia identifica 7 factores de riesgo que, desde la perspectiva del control fiscal preventivo y concomitante, requieren seguimiento permanente debido a su potencial incidencia en la sostenibilidad fiscal y la eficiencia del gasto público. Entre los principales se destacan el riesgo por insuficiente planeación financiera y presupuestal de contratos de alta cuantía, riesgo asociado al crecimiento de la contratación directa y concentración contractual y el riesgo sobre la efectividad del control contractual.»
Contraloría General de la República
El procedimiento de la Policía Judicial, vinculada a la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, se concentra en verificar datos fiscales y contractuales para analizar posibles irregularidades. La Contraloría anticipó que, de acuerdo con los resultados de esta revisión, se definirán las acciones legales y fiscales correspondientes para proteger el patrimonio público y garantizar que el gasto estatal se ajuste a los principios de eficiencia y sostenibilidad.
