La Contraloría General de la República ha ordenado una inspección presencial en las oficinas de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), desplegando a funcionarios de su Unidad de Reacción Inmediata con atribuciones de Policía Judicial. La medida busca recaudar documentos, testimonios y material probatorio sobre presuntas irregularidades en los procesos contractuales de la entidad, luego de denuncias públicas y cuestionamientos internos que apuntan a posibles actos de corrupción. El organismo de control actuó directamente en la sede de Aerocivil para acceder de forma inmediata a los soportes administrativos, evitando depender exclusivamente de la documentación remitida por la entidad.
Inspección in situ
Según un comunicado oficial de la Contraloría, el despliegue en las instalaciones de Aerocivil responde a la necesidad de “revisar, evaluar y, eventualmente, probar presuntas actuaciones irregulares en los procesos contractuales de esta entidad”. La actuación se inscribe en un seguimiento previo que ya se venía realizando sobre la contratación de la Aeronáutica Civil, y se suma a las denuncias publicadas por la Revista Semana acerca de decisiones administrativas que podrían haber afectado recursos públicos. Las atribuciones especiales de Policía Judicial otorgadas a los funcionarios permiten actuar de manera directa, recogiendo evidencias en el lugar sin necesidad de intermediarios.
“La Contraloría ha ordenado el despliegue, en las oficinas de la Aeronáutica Civil, de funciones especiales de Policía Judicial, a cargo de su Unidad de Reacción Inmediata”
Comunicado oficial, Contraloría General de la República
Análisis posterior
La inspección tiene un carácter preliminar y no implica una conclusión anticipada sobre la existencia de irregularidades. Una vez recaudados, los documentos y testimonios serán analizados por expertos técnicos y jurídicos para determinar si hubo afectación a los recursos públicos y si existen posibles responsabilidades fiscales. El material obtenido podrá incorporarse a expedientes en trámite o, en su defecto, servir para descartar las denuncias tras el análisis detallado. Hasta el momento, la Contraloría no ha divulgado los contratos específicos bajo revisión ni los posibles responsables, a la espera de que el proceso de recaudo y evaluación concluya.
